VIEDMA (AV).- El fiscal de Cámara, Juan Ramón Peralta, pidió la nulidad de la elevación a juicio de la causa que investiga la presunta distribución irregular de los Programas de Empleo Rionegrino (PER).
La solicitud fue formulada ante los jueces de la sala B de la Cámara Penal de Viedma, integrada por Pablo Estrabou, Francisco Cerdera y Jorge Bustamante.
Peralta fundamentó el pedido de nulidad en que la elevación a juicio no es clara, no está circunstanciada, no discrimina la conducta de los imputados de acuerdo a las jerarquías que desempeñaban en el momento de los hechos, teniendo en cuenta que Gustavo Otero era director de Trabajo pero María Mirán y Ángel Poggi, subdirectora y director general de Administración de Trabajo respectivamente, dependían de las órdenes de superiores.
El fiscal de Cámara observó también que existen contradicciones entre la figura que se investiga y la calificación. Para dar un ejemplo: se los responsabiliza a los procesados de no rendir fondos pero se les imputa por ello el delito de estafa cuando la no rendición es haber incumplido con un deber.
Sin duda que se trata de una situación grave para el proceso, sobre todo si se tiene en cuenta la antigüedad de la causa. Cabe recordar que esta investigación estuvo dirigida durante seis años por el juez penal de Viedma Pedro Funes.
Peralta también pidió la nulidad de la ampliación de indagatoria ofrecida por Otero, incorporada al expediente a través de una filmación y no en forma escrita como establece la norma.
Cuando una causa es elevada a juicio los fiscales de Cámara deben analizar el expediente para determinar si restan algunas tramitaciones que cumplir y, sobre todo, si la documental reunida coincide con la o las imputaciones que son adjudicadas al o los procesados que llegan a esa instancia de juicio donde se debe dictar sentencia.
Por lo general suelen existir algunas falencias que son marcadas por los fiscales y solucionadas en un breve plazo.
Parece ser que en esta causa las irregularidades son insalvables y llevaron al fiscal Peralta a pedir la nulidad de elevación a juicio.
Ahora debe resolver la sala B de la Cámara Penal de Viedma, haciendo o no lugar al pedido.
Los tres imputados están procesados por el delito de "defraudación reiterada contra la administración pública" y se los responsabiliza por la falta de justificación en la utilización de fondos de los PER que distribuía la secretaría de Trabajo entre 2001 y 2003, lapso en el que estuvieron al frente del organismo Alejandro Betelú durante unos meses, otros estuvo acéfala y en el último año Ana Piccinini, quien a principios de 2003 denunció un desvío de fondos por parte de un empleado Marcelo Linares, que ya fue juzgado por ello.
Esta denuncia generó que se profundizara la investigación en la Fiscalía de Investigaciones en relación al manejo irregular de esos recursos en la asignación y distribución, finalizando con la denuncia penal respectiva en abril de 2004 ante la falta de rendición de aproximadamente dos millones de pesos, según lo informado oportunamente por el fiscal de Investigaciones, Pablo Berraz.
