El ex comandante general de Gendarmería Nacional, Timar Musumesi, una veintena de ex altos oficiales de esa fuerza de seguridad y funcionarios del Ministerio del Interior durante la gestión menemista fueron procesados por delitos que tienen penas que llegan hasta los seis años de prisión.
La medida la adoptó el juez federal Sergio Torres, quien imputó a los ex oficiales de varias irregularidades en contrataciones directas, realizadas hace más de diez años, para la adquisición de diversos elementos que van desde una embarcación con trailer valuada en alrededor de 200.000 dólares hasta gabardina para la confección de chaquetillas, uniformes y birretes para esa fuerza de seguridad.
La figura indicada por Torres está descripta en el artículo 265 del Código Penal, que reprime con reclusión o prisión de uno a seis años al "funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".
En una resolución de 54 carillas, a la que Télam tuvo acceso, el juez dictó los procesamientos, sin prisión preventiva y con embargos que llegan hasta los 270.000 pesos de Musumesi, Juan Cuello, René Prados, Osvaldo Nieto, Eduardo de Juana, Pedro Álvarez, Jorge Vázquez, Luis Reales y Luis Horvath, entre otros.
La medida alcanzó, además, a Emilio Sacchitella, Mario Zurlo, Héctor Blason, Juan Argañaras, Pedro Lazo, Miguel Natarelli, Luis Garin, Diego Jesús Ortiz, David Vargas, Julio Yebrin, Edgardo Lopardo, José Viana, Alfredo Martínez, Raúl Madrid, Ramón Torres, Luis Sosa y Guillermo Rodríguez, imputados de ser "coautores" del delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".
La causa se inició hace poco menos de ocho años (el 7 de noviembre de 2001) por denuncia del entonces Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA), Manuel Garrido, quien aludió al "irregular e infundado recurso a las excepciones previstas por la ley, utilizadas como vía para efectuar contrataciones directas" no autorizadas por la normativa vigente.
La actuación judicial tuvo como antecedente un informe de la Auditoría General de la Nación "sobre la actuación de Gendarmería Nacional, en el que se resaltaron numerosas irregularidades en contrataciones directas llevadas a cabo entre 1997 y 2000", recordó Torres en la resolución. Garrido advirtió entonces -y el juez lo recogió en su resolución- un "posible tratamiento preferencial a determinadas empresas beneficiadas en las contrataciones. (DyN/Télam)
