La provincia del Neuquén va directo a un precipicio. No es secreto para nadie que, si fuera una empresa privada, el Estado provincial ya habría presentado la quiebra. La historia de un Estado benefactor que todo lo podía y que décadas atrás parecía erigirse en una isla dentro del país quedó muy lejos. El modelo paternalista y con una alta dosis de populismo concebido desde su nacimiento por el Movimiento Popular Neuquino, el eterno partido gobernante, ha llegado a su fin y, si no redireccionamos el rumbo, nuestra provincia en el corto plazo será inviable.

Los números del presupuesto provincial -más por lo que no dicen que por lo que dicen- nos llevan a encender una luz de alerta. Las partidas correspondientes al 2009 aprobadas por la Legislatura provincial componen el presupuesto más alto de la historia: llega a 6.204.519.062 pesos.

Lo asombroso es que, aun siendo el más alto en la historia del Neuquén, lejos está de condecirse con los números reales de la provincia, que por desgracia son mucho peores.

Para muestra tomemos como referencia el déficit de las cuentas públicas. El presupuesto votado por la mayoría de los diputados autoriza un rojo de 244.520.106 pesos, un cálculo en exceso optimista sobre todo si se tiene en cuenta que el propio gobernador habla de un déficit superior a los 400 millones. Pero eso no es todo. Allí no se incluyeron erogaciones como el aumento escalonado del 20% otorgado este año a los empleados estatales, ni los 23 millones de la expropiación de la ex Zanon ni el 18% de incremento otorgado de manera irresponsable a los agentes del Poder Judicial cuando no estaba contemplado de dónde saldrían los recursos para afrontarlo y que llega a los 30 millones anuales.

Ahora se agregó el endeudamiento por 284 millones de pesos con la Anses para la construcción de viviendas -en este caso no objeto el fin sino la falta de previsibilidad del gobierno provincial- y, como si fuera poco, se solicitó la refinanciación de más de 90 millones de los bonos creados durante la anterior gestión de gobierno para el financiamiento de obra pública, pidiéndose además que puedan destinarse a atender las obligaciones de pago a favor de los proveedores, a quienes en la mayoría de los casos se les adeudan hasta ocho meses.

Un dato no menor en relación con el endeudamiento de 284 millones de pesos con la Anses es que el plazo de gracia para iniciar la cancelación es de dos años, es decir que ya se está condicionando a quien se haga cargo de la administración provincial a partir del 2011.

Como primera conclusión se puede decir que, lejos del pronóstico benévolo del gobernador, el déficit de la provincia del Neuquén durante el 2009 rondará la escalofriante cifra de 1.000 millones de pesos. Del total de erogaciones previstas (los poco verosímiles 6.204.519.062) casi el 80% se destina a gastos de funcionamiento, del que obviamente la masa salarial se lleva el grueso de los recursos (3.205,49 millones sin contemplar los aumentos otorgados este año).

Como se observa, si no se modifican los criterios de administración de los ingresos públicos, hay un margen de maniobra prácticamente nulo para cambiar la realidad de la provincia. El tan mentado cambio de la matriz productiva seguirá siendo sólo un ítem más de todas las campañas electorales. Un solo dato: en una geografía provincial que presenta una alta demanda de infraestructura, a obra pública se destinan sólo 690 millones, lo que equivale a apenas el 11% de los recursos.

Durante mis dos gestiones como intendente de la ciudad de Neuquén, que concentra el 50% de la población de la provincia, llevamos adelante la decisión de destinar un promedio del 30% anual a un ambicioso plan de obra pública que permitió revertir el formidable atraso que presentaba nuestra capital.

En este oscuro panorama, la crisis educativa ocupa un lugar central. El presupuesto destinado este año a Educación (sólo en salarios y gastos de funcionamiento y sin incluir las obras de infraestructura) asciende a 1.624 millones de pesos, lo que representa un 45% del total de rentas generales de la provincia, estimándose una inversión por alumno de 8.000 pesos.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos nueve años la matrícula de alumnos ha crecido cerca del 20% pero, en forma paralela, los recursos destinados al pago de los docentes y la planta misma de personal se incrementó -en idéntico período- un 240%. La proliferación de suplencias (hasta cinco para un mismo cargo) se lleva cerca de 220 millones del presupuesto, por lo que urge la aplicación de medidas correctivas de esta distorsión del régimen educativo.

Lamentablemente, el alto nivel de inversión no se condice para nada con el grado de eficiencia del sistema. Actualmente los índices de deserción en nuestra provincia son alarmantes, llegando al 60% en las escuelas secundarias y hasta al 70% en las de orientación técnica.

En el medio, el gobierno y el gremio docente se reparten culpas sin asumir cada uno sus responsabilidades, atentando contra el desarrollo de la única herramienta que nos garantizará a los neuquinos el devenir de una sociedad más equilibrada: la educación.

El desmanejo de las finanzas públicas muestra otra de sus peores caras en la situación del sistema de salud pública, junto con la educación, el que más repercute a diario en la vida de nuestros comprovincianos.

En el 2009 se previó destinar 685 millones de pesos al área, de los cuales el 90% se lo consume el gasto corriente y, más concretamente, 473,5 millones van al pago de salarios. La alta beligerancia existente entre el gobierno y los gremios estatales en el sector salud profundiza aún más el delicado cuadro que presenta el sistema.

Con este panorama, lo alarmante es la escasez de eficiencia del gobierno provincial. Ésta se evidencia en una falta de gestión que se trasluce en falencias en servicios esenciales que debe prestar el Estado, incluso en detalles mínimos pero vitales como las partidas para adquirir alimentos para los internados en los hospitales o para los comedores escolares.

Lo que tampoco hay que descuidar es que la provincia vive una aguda crisis vinculada con el exceso del gasto público porque atraviesa una elocuente crisis de ingresos donde, en el corto plazo, no se vislumbra la forma de incrementarlos, salvo acudiendo al endeudamiento en un escenario en que la deuda flotante ha crecido de manera incesante.

Al cierre del 2008 la deuda pública ascendió a la suma de 3.038 millones de pesos, compuesta por algo más de 540 millones de deuda flotante y 2.488 millones de deuda pública.

Al cierre del primer semestre del 2009 el pasivo total provincial es cercano a los 3.500 millones, correspondientes a 760 millones de deuda flotante y 2.678 millones, a stock de deuda declarado. La diferencia entre el 2008 y la proyección para el 2009 es evidente.

Corresponde aclarar que los datos que hacen referencia al 2008 son estimaciones de la propia provincia, aunque su completa veracidad quedará establecida cuando se realice la presentación anual de la cuenta de inversión. La Constitución provincial fija el deber del Ejecutivo de presentar esa rendición con fecha tope el 30 de junio del año siguiente. Deber incumplido.

A mediano plazo, las expectativas de recomponer los ingresos están centradas en mejorar el valor del gas en boca de pozo pero claro está que en ese caso se depende de la voluntad y de los caprichos del gobierno nacional, de acuerdo con el grado de pleitesía que le rinda el gobernador Sapag. Los números son claros y la evidencia, contundente: lo que está agotado en la provincia es el modelo populista fomentado por el eterno partido gobernante.

Los hombres y las mujeres del radicalismo estamos preocupados por el futuro del Neuquén. Lejos de la oposición destructiva, sus dirigentes nos ponemos a disposición del gobernador para hacer nuestro aporte racional y alejado de cualquier demagogia. No hay que engañarse. Los tiempos que se vienen serán mucho más complejos que los que estamos viviendo. Hay que discutir un nuevo modelo de provincia y, sobre todo, de Estado. Todavía estamos a tiempo.

HORACIO QUIROGA (*)
Especial para "Río Negro"

(*) Ex intendente de la ciudad de Neuquén. Diputado nacional electo