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  Domingo 25 de Octubre de 2009  
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RÍO NEGRO El desafío del último bimestre es buscar fondos para compensar el profundo desfinanciamiento. Peligrosa disputa oficial por la reforma: Saiz la quiere, pero hay fuertes insurgencias.
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La tensión atraviesa cada materia. El gobierno de Saiz se consume en las exigencias que sobrevienen a un Estado desfinanciado. El oficialismo potencia su contienda por la oportunidad de la reforma constitucional, lanzándose en un proceso con ribetes insólitos para su subsistencia.

Los rionegrinos, cautivos en esos extravíos.

El martes se trajinó cerca del abismo. No había fondos para salarios, los gremios fijaban un frente estatal e Iván Lazzeri renunciaba al mando del bloque oficialista. Mucho para una sola jornada. Un respiro ofreció un desembolso de 24 millones de Nación. Existía un cronograma de urgencia, con pocos recursos recolectados. No hizo falta, Kirchner habilitó al secretario Juan Pessoa para la remisión de fondos. Del 2009 quedan tres aportes mensuales del Programa de Asistencia Financiera (PAF), totalizando unos 72 millones.

Río Negro demandará esa disponibilidad dentro de los próximos 40 días para poder pagar los haberes de octubre. Esta concreción no será simple por los complejos y descuidados vínculos de Saiz con el matrimonio K.

Aquel espacio de tiempo requerirá mínimamente la concreción del crédito bancario de 150 a 200 millones, que comanda el Patagonia. Esta senda recién quedará habilitada el miércoles, cuando el Senado modifique la ley de Responsabilidad Fiscal para permitir el endeudamiento de las provincias. Las labores para el tratamiento aglutinaron los esfuerzos de Miguel Pichetto y Pablo Verani. Faltarán después otros trámites rionegrinos, como las autorizaciones de Economía y del Banco Central.

La combinación de los fondos nacionales y del préstamo bancario permitirán abonar los salarios públicos en lo que queda del año. Los otros servicios seguirán trastabillando. Las desdichas sanitarias se incrementan. Los hospitales carecen de insumos y el Ipross está al límite en sus prestaciones por las deudas acumuladas.

En tanta debilidad, los pequeños yerros son grandes encrucijadas. Saiz tendrá el martes una audiencia con los hospitalarios de ATE, con reducidas expectativas. La entrevista es el resultado de un equívoco tras la promesa del mandatario a profesionales del Valle Medio.

El recelo salarial aglutinó a los gremios, y mañana ampliarán sus reclamos. UPCN no concurrió el martes y ofreció una señal al gobierno.

El viernes, Saiz se lo retribuyó y ordenó que medio gabinete concurriera al plenario upeceísta. Ahí Scalesi se quejó por aquella indirecta convocatoria a ATE, lo cual derivó en la desmentida gubernamental de que se tratarían temas salariales. Aun su esfuerzo, UPCN difícilmente sostenga su lejanía de los otros sindicatos mucho tiempo más frente a demandas tan cercanas a sus afiliados.

Mucha presión contenida. El cuadro financiero es grave, pero el dramatismo llegará a la gobernabilidad si persiste el presente trastorno político por el debate interno por la reforma de la Constitución. Un enérgico desafío se originó con la renuncia de Lazzeri, exponiendo la oposición del bloque a esa iniciativa oficial. La prevista presidencia de Adrián Casadei pende de un hilo. ¿Le habrá dicho a Saiz que él firmó un documento, aún reservado, que resiste la reforma? Hay dudas. ¿Casadei habrá modificado esa opinión? Parece que no. Su destino en esa conducción se trazará mañana cuando el bloque discuta su posición frente a la "actualización" constitucional.

La mayoría se opone. ¿Qué actuación asumirá Saiz después de ese límite? Atenuará su pretensión o, en cambio, insistirá en su plan para que ese revés no afecte su jefatura gubernamental.

Buenos Aires reunió el jueves a Bautista Mendioroz, Pablo Verani, Daniel Sartor, Jorge Pascual, Lazzeri y Casadei. Parecida concurrencia al haras del senador hace dos meses cuando los convocó el mismo espanto del destierro. Esta sensación consolidó el perfil crítico e insurrecto del grupo, tradicionalmente heterogéneo en visiones y proyectos para el 2011. La charla deambuló entre las inquietudes del andar de Saiz y la zozobra financiera.

Saiz no parece tener una estrategia clara. Refutó hasta sus dichos.

Llegó a negar que anunció en Choele Choel que era "el momento" para la reforma, como tituló y difundió una gacetilla oficial de ese encuentro de radicales. Igual esa difusión fue lo más barato que costeó el Estado de esa reunión partidaria, que requirió miles de pesos de las arcas públicas para movilización, estadía y comidas de algo más de un centenar de dirigentes propios.

La zafra se extiende. Los funcionarios reformistas exploran a radicales, pero también tantean a sus socios peronistas. El subsecretario Aníbal Hernández convocó a Ricardo Ledo, Alcides Pinazo, Mario Colonna y Jorge Cerutti. Zafaron, por ahora, de definirse a la espera de una cita del mandatario.

Aquellos aliados radicales ya no lo son tanto pero, en cambio, Saiz consolidó su relación con Horacio Massaccesi. Muchos planes gubernamentales -como la ocasión constitucional- tienen nacimientos en las usinas del ex gobernador, retornando así a la participación en las decisiones, favores y penurias estatales.

Esa relación también explica parte del forcejeo oficial. Tiene dilemas para la confrontación, pero Saiz percibe que la frustración de su proyecto dejaría sólo rezagos de su autoridad. Su compulsa plena derivaría inicialmente en la fractura del bloque y, después, se sucedería un campo minado de internas. Peligraría entonces esta ancestral estructura del poderío oficialista. El resultado aún se desconoce.

En semejante escenario, el gabinete se desbanda aún más. La gestión tiene pocas tareas vinculadas, pero diciembre expondrá otra amenaza para parte del equipo ministerial: su posición penal frente a la Justicia. El juez Juan Bernardi convocó para indagatorias a los ministros Pablo Verani, Alfredo Pega y Cristina Uría por la investigación en la compra y provisión de los alimentos preelaborados de Flavors. Los funcionarios convocados -también la legisladora Adriana Gutiérrez- buscaron pero, por ahora, no acordaron una sólida y única versión oficial.

Esa desavenencia tiene un campo extenso en el gobierno y el oficialismo. Pugnas y reparaciones que formaron parte de la ventaja política del radicalismo. Ya no parece un juego, es una riesgosa aventura para los rionegrinos.


ADRIÁN PECOLLO
adrianpecollo@rionegro.com.ar

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