La provincia, vía un acuerdo extrajudicial, debió otorgar en concesión por 30 años, un enorme yacimiento de caliza valuado en 4 millones de dólares, ubicado junto al puerto mineralero de Punta Colorada, a una empresa privada que demandó al Estado. Pero lo que resulta aún más perjudicial para los intereses públicos es que, a partir de ese convenio, el juez interviniente estableció los honorarios para los apoderados de la empresa, Alejandro Buckland y Antonio Sánchez, en casi 1.7 millones de pesos, próximos a efectivizarse.

El engorroso expediente está en manos del fiscal del Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz. Y -según parece- iría camino al archivo. Se trata de un acuerdo de la Comisión de Transacciones, homologado por el juez Fermín Donate en agosto del año pasado, luego de que la firma Marifil SA iniciara una demanda contra Hiparsa por un supuesto incumplimiento de contrato.

¿Cómo llega la provincia a este resultado adverso? Es una larga historia, en la que intervienen múltiples actores y en la que podrían aparecer varias irregularidades. Al menos así lo consideró la Cámara Civil, integrada por Fernando Laborde Loza, Gustavo Azpeitía y Juan Pablo Videla. Este tribunal, al momento de resolver una apelación presentada por un perito -disconforme con sus honorarios-, observó que el acuerdo podría infringir el artículo 194 de la Constitución Provincial que pauta que a la Comisión de Transacciones le corresponde dictaminar sobre toda propuesta que sea recibida a causa de juicios, "teniendo en cuenta la conveniencia patrimonial y de conformidad con los principios éticos propios de la actividad del Estado". Por ese motivo, remitió el expediente -ya firme- al fiscal Berraz que lo tiene en estudio desde hace cinco meses.

Ésta es la síntesis del complejo proceso que terminó en que Marifil SA, una firma dedicada a la exploración minera, se quedara con un yacimiento de 20 millones de toneladas de caliza para usufructuar durante 30 años y que sus abogados accedieran por ello, a acreencias del Estado por 1.683.316 pesos:

En 1999 Marifil SA, compuesta por Renzo Bonuccelli, Jorge Atala y Daniel Buffone, presentó a Hiparsa SA una propuesta de exploración minera en áreas de propiedad de la empresa rionegrina. La intención de los privados era obtener la cesión de derechos con carácter de exclusividad, quedándose con el 20 por ciento en el caso de los minerales metalíferos y con el 80 por ciento de los no metalíferos.

En abril del año siguiente se suscribe el acuerdo entre partes. Marifil debe realizar los estudios y aportar toda nueva información. Mientras que Hiparsa participa poniendo a disposición maquinaria y personal idóneo. A principios de 2001 Marifil denuncia la existencia de ciertos minerales en el área y en una nota a la Legislatura a fines de ese año, reconoce que su exploración se basó en información geológica de Hiparsa, estudios y tomas de muestra testigo de las perforaciones realizadas por las distintas empresas que operaron en el yacimiento. Ya ahí, Marifil planteó incumplimientos por parte de Hiparsa.

Recién el 9 de diciembre de 2004 se radica la demanda judicial contra Hiparsa debido a que la empresa rionegrina no habría reconocido a Marifil el porcentaje establecido en el convenio de 2000 de la propiedad minera de los yacimientos denunciados.

Tres meses después, el Fiscal de Estado, Alberto Carosio, negó todo lo manifestado, recordó que en la cláusula 6 del contrato se dispuso que "en caso de que a raíz de los estudios realizados por Marifil fuesen definidos nuevos minerales las partes participarían del producido de las mismas". Rechazó que esos descubrimientos hayan sido tales. Carosio mencionó, por caso, el denominado "informe Cozzi", realizado por un experto de Hipasam en la década del 80 que ya hablaba de este yacimiento. Sin embargo, el "informe Cozzi", nunca fue presentado como prueba. Para evitar el juicio, el expediente llegó a la comisión de transacciones que integraban los entonces legisladores José Luis Rodríguez, Javier Iud, Carosio y funcionarios del Ejecutivo.