BUENOS AIRES.- El gobierno prepara, en reserva, un anuncio con el que pretende lograr un fuerte impacto: la presidenta Cristina Kirchner presentará en sociedad dentro de menos de un mes el nuevo DNI, que costará 15 pesos, será íntegramente elaborado por el Estado, tendrá 30 medidas de seguridad digital e informática y, prometen, se tramitará en apenas cinco días en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, si se cumplen las previsiones oficiales.

Así lo señala ayer un informe elaborado por el matutino La Nación en el que detalla que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, pasó varias horas de los últimos días en la nueva planta impresora, que funcionará en Parque Patricios, para ajustar detalles.

Durante el lanzamiento, que encabezará Cristina Kirchner, se exhibirán, además, las nuevas y modernas instalaciones. "Será una gran noticia. Es un sistema revolucionario de verdad: sorprenderá a todos y queremos mostrarlo. Será un DNI del Primer Mundo", afirmó ayer un alto funcionario en Balcarce 50 a La Nación. Se le quiere dar al anuncio un carácter fundacional, con el Estado como aliado, fiel al estilo kirchnerista.

Los primeros documentos nacionales de identidad (DNI) se podrán tramitar desde febrero o marzo de 2010. Será elaborado, al igual que ahora, en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que depende de la cartera de Interior. "El DNI será único e intransferible. Tendrá los mismos datos que el actual, pero con tecnología y material elaborado por el Estado y por personal estatal. Ese es el mayor logro. Cien por cien elaborado por el Estado y a costos muy bajos", exaltaron en el gobierno. Apenas asumió Randazzo, recibió la orden de Cristina Kirchner de poner en marcha el nuevo sistema estatal. La Casa Rosada quiere superar el estigma del escándalo Siemens-DNI, una denuncia de corrupción que envolvió a gobiernos anteriores y que investiga aún el juez federal Ariel Lijo.

Durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, Siemens se adjudicó la confección de los DNI (cada ejemplar iba a costar 32 dólares, con el peso uno a uno), y la inversión del Estado era de 1.260 millones de dólares.

El gobierno de Fernando de la Rúa, que sucedió a Menem, rescindió el contrato por sobreprecios y Siemens demandó al Estado argentino ante el Ciadi, tribunal arbitral internacional que depende del Banco Mundial.

La Argentina fue obligada a pagar una multa de 220 millones de dólares. Y tras largas y tensas negociaciones, el gobierno firmó un acuerdo con Siemens, por el cual ésta desistió del reclamo.

A la vuelta de los años, el gobierno quiere anotarse un punto a favor. "La inversión del Estado será menos de la mitad de los 1.200 millones de dólares que salía con Siemens", dijo una fuente allegada a Randazzo.

(Fuente: La Nación)