SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Por desconocimiento o limitaciones de recursos los concejales aprobaron y el Ejecutivo promulgó ordenanzas que no cumplieron con las exigencias establecidas en la ordenanza 124-CM-92, que por estar vigente resulta de aplicación obligatoria.
El descuido pone en discusión al validez de las ordenanzas sancionadas en forma irregular, entre las que se encuentran la 1931-CM-09, de protección de la fauna urbana, y la 1946-CM-09 sobre seguridad vial.
La situación llegó a oídos del Tribunal de Contralor que ahora abordará el tema con su asesor legal para definir su posible intervención. La presidente del cuerpo, Edith Garro, consideró que la primera responsabilidad es del Ejecutivo por no haber vetado las normas aprobadas con estas irregularidades y anticipó que el cuerpo tendrá que intervenir para evaluar el alcance del incumplimiento y la validez de las ordenanzas. "Seguro que intervendremos pero tenemos que analizarlo con el asesor legal", anticipó a "Río Negro".
De hecho la norma de fauna urbana fue vetada por el Ejecutivo que, otros motivos, alegó su "inviabilidad económica" pero no hizo mención alguna al incumplimiento normativo. La 1931 fue ratificada por el Deliberante sin mas trámite pese a la imposibilidad económica advertida en el veto.
La olvidada ordenanza 124 establece que los proyectos normativos que ingresen a tratamiento del Deliberante deben contener "en forma escrita": un "análisis económico financiero, un estudio de factibilidad del proyecto y la forma de implementación".
También exige la incorporación de los antecedentes legislativos y las normas vigentes que se derogan o modifican; requisitos que, a diferencia de los anteriores, si se cumplen.
La ordenanza indica que "los proyectos que ingresen sin cumplimentar los requisitos indicados no podrán ser tratados por el cuerpo" y que deben ser "derivados al autor para su reformulación y/o complementación".
El presidente de la comisión de Economía, Daniel Pardo, reconoció que "particularmente el informe de factibilidad económica hoy no se hace" y que, por razones presupuestarias, el Concejo depende a los cuerpos técnicos del Ejecutivo para la evaluación económica de los proyectos que imponen una erogación económica al Estado.
"Cuando salgamos de esta coyuntura económica quiero plantear la necesidad de contratar un contador para evaluar los proyectos complejos que pueda emitir algo así como un dictamen contable, algo que ya fue hablado con el titular del Concejo y que yo lo tomo con una obligación" anticipó el edil.
La ordenanza 124 fue sancionada en 1992 para frenar la proliferación de proyectos que aprobaban obras e inversiones que luego el municipio no podía afrontar. En sus fundamentos señala "la irrenunciable obligación de legislar con responsabilidad republicana" y destaca que "los legisladores deben prestar especial atención a la posibilidad de concreción de la norma que se establece a fin de evitar la generación de una mera frustración legislativa".
Otro de los fundamentos que interpela la actual situación legislativa sostiene que "es común que las normas no contengan estudios de factibilidad, lo que determina que se transformen en meras expresiones de deseo carentes de ulteriores efectos". Por último advierte que "a la vista de la comunidad las normas dictadas y no ejecutadas generan una sensación de debilidad del orden jurídico".
