La presión sobre los ministros de Seguridad y de Educación del gobierno porteño por el escándalo del espionaje telefónico se acentuó ayer con el anuncio de nuevas medidas judiciales y revelaciones sobre el espionaje del ex policía federal Ciro James. Guillermo Montenegro de Justicia y Seguridad y Mariano Narodowsky de Educación, concurrieron el viernes a la Legislatura local, donde en medio de una fuerte embestida y duras críticas de legisladores opositores, defendieron sus gestiones e insistieron en desligar al gobierno de Mauricio Macri y con su teoría de un boicot del gobierno nacional.
La Justicia federal decidirá mañana sobre los procesamientos del presunto espía Ciro James y otros implicados en las escuchas telefónicas, mientras analiza informes que confirman que el ex policía cobraba $6.000 de sueldo en el Ministerio de Educación porteño e intercambió casi 300 llamadas con el de Justicia y Seguridad, de las cuales hay 70 con el jefe de la policía local, comisario Osvaldo Chamorro.
Así lo informaron fuentes judiciales, que indicaron que también mañana llegarán al tribunal del juez federal Norberto Oyarbide las causas de la Justicia de Misiones donde se ordenaron intervenciones, que ya están en poder de Asuntos Internos de la Policía Federal. Un informe de Eduación confirma que el presunto espía "tenía un contrato de locación de servicios por $6.000 mensuales, o sea el ingreso más alto" en ese tipo de contrataciones.
En tanto el dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, sostuvo que los ministros porteños "no pudieron explicar nada" y "siguen justificando de forma absurda y eludiendo sin dar respuestas" En tanto, el ex ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, advirtió que el escándalo es una "operación" contra Macri y desmintió que haya le haya "pinchado" el teléfono a Burstein.
