Los uruguayos eligen el domingo parlamento y presidente en un comicio en el que José Mujica, candidato de la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio, aparece como favorito frente a Luis Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional.

Si los 2.563.397 electores no otorgan el domingo más del 50% de los votos a un candidato, se acudirá a una segunda vuelta el 29 de noviembre. Además de Mujica y Lacalle, se postulan Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador Juan Bordaberry (1973-1976), por el Partido Colorado (centroderecha); Pablo Mieres por el Partido Independiente (centroizquierda), y Raúl Rodríguez por Asamblea Popular (izquierda).

Las encuestas atribuyen al ex guerrillero entre 48% y 50% de los votos, y al ex mandatario entre 30% y 32%. En tanto, Bordaberry recibe entre 14% y 16%; Mieres entre 2,5 y 4%, y la Asamblea Popular junto con votos nulos y en blanco reciben entre 2,5% y 3%.

Pese a que estos números auguran una victoria del Frente Amplio, que además araña la mayoría parlamentaria, los responsables de las encuestadoras advirtieron que hay un margen de error que ronda el 3% y que técnicamente no se pueden descartar otros escenarios.

Por otra parte, los electores deberán pronunciarse por dos plebiscitos: uno para anular la Ley de Caducidad, que evitó enjuiciar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), y otro sobre el voto epistolar para los uruguayos que viven en el exterior.

La iniciativa de anulación de la Ley de Caducidad se presenta como reforma constitucional, luego que organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos reunieron las firmas necesarias, el equivalente al 10% del padrón.

La Ley de Caducidad, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no, fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986, y ratificada en plebiscito en 1989.

En el marco de esa ley, durante el gobierno del actual presidente Tabaré Vázquez fueron condenados diez ex militares y policías -entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985)- a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, en tanto fue procesado Bordaberry padre.

La última encuesta de la consultora Factum sobre el plebiscito para anular esta norma, revela que 45% de los consultados votará a favor de la nulidad, 5% tiene prediposición a hacerlo pero aún tiene dudas, y el 17% está indeciso.

En tanto, la reforma constitucional para el voto epistolar, impulsada por la bancada legislativa del Frente Amplio, señala que "los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referéndum, desde cualquier país donde residan o se encuentren".

Uruguay, de 3,24 millones de habitantes, tiene una diáspora de unos 500.000 emigrados, según el Instituto Nacional de Estadística. Según la última encuesta de la empresa Interconsult, 49% de los consultados votaría a favor del voto epistolar, 42% no lo votaría, mientras que los indecisos se sitúan en 9%.

De acuerdo con la ley uruguaya, en estos plebiscitos los electores deben pronunciarse únicamente por Sí y todo voto no emitido a favor se contabiliza en contra. Se requiere más del 50% de los sufragios para que se aprueben las reformas constitucionales.

AFP