SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En el seminario organizado por el (CEJA) Centro de Justicia de las Américas y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, el jueves por la mañana comenzaron a debatir en el hotel "Nevada" aspectos vinculados al gasto o inversión en el sistema de Justicia, con la participación de especialistas locales, de todo Latinoamérica, España y Australia.

Los temas expuestos en los paneles de discusión de la primera jornada se enmarcaron en torno al eje de la inversión en Justicia, con títulos como "Justificación de la inversión en Justicia", "Formulación y negociación de presupuestos judiciales", "Evaluación de los proyectos de inversión y políticas globales de reforma judicial".

El encuentro convocó a ministros de Cortes de Latinoamérica, funcionarios de entidades financieras, ministros de Estado y miembros de Poderes Judiciales. Además están presentes especialistas en presupuesto, administración financiera y evaluación de proyectos; responsables de unidades ejecutoras; consultores en temas de gestión, y funcionarios de agencias de cooperación internacional.

En la apertura del Seminario habló la vicepresidenta del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Hebe Martínez; el presidente de la Junta Federal de Cortes, Rafael Francisco Gutiérrez, y el presidente del STJ, Luis Lutz.

Lutz aprovechó su exposición para reclamar la autonomía del Poder Judicial en el aspecto funcional y operativo, con presupuestos acordes y suficientes para implementar proyectos que den respuesta a la demanda de Justicia de la sociedad. Insistió en "garantizar la independencia, no solamente desde lo conceptual sino desde lo funcional y operativo".

En su mensaje, argumentó que "en el marco de una crisis económica por la que han transitado en las últimas décadas nuestros países, y que se ha agravado a nivel global, la crisis se ha judicializado y es necesario dar respuestas prontas y útiles desde los poderes judiciales. Para eso hay que contar con recursos", remató Lutz, a la vez que subrayó que "los poderes judiciales deben indicar en qué y cómo gastar, al solicitar aportes financieros ordinarios o a través de mecanismos de auxilios de organismos internacionales".

El ministro de Hacienda, Pablo Verani, por su parte, reclamó a los jueces medir la eficiencia del gasto en el Poder Judicial, "a través de indicadores certeros del servicio que se presta a la comunidad", y abrir la información, porque "quizás el presupuesto está, pero mal aplicado".

Las diferencias en la asignación de recursos es un tema recurrente entre los poderes Ejecutivo y Judicial. En el último presupuesto recortaron más de 60 millones de pesos a la proyección solicitada por la Justicia, que pedía 223 millones de pesos.