Algunos ex dictadores, militares y policías en retiro que violaron los derechos humanos durante la última dictadura en Uruguay, entre 1973 y 1985, están presos. Y ya se hallaron restos de varias personas desaparecidas durante ese período. Pero esos pasos históricos no terminan de restañar las heridas provocadas a los uruguayos.

De hecho, junto con las elecciones nacionales de este domingo se someterá a referéndum la anulación de la ley de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", promulgada en 1986 y ratificada en una consulta popular en 1989, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos en la dictadura.

Esa consulta popular, cuyo resultado es incierto a la luz de las últimas encuestas, es promovido por organizaciones de familiares de desaparecidos, sindicatos obreros y algunas agrupaciones de izquierda que reclaman "verdad y justicia".

Durante el último régimen de facto en el Uruguay, unas 200 personas que eran opositoras a él fueron secuestradas y desaparecidas -muchas en operaciones orquestadas junto con aparatos represivos de la dictadura argentina y de la región-, a la vez que centenares de militantes de izquierda resultaron sometidos a torturas y encarcelados.

El 1 de marzo del 2005, al asumir como primer presidente de izquierda en Uruguay, el socialista Tabaré Vázquez consideró "imperioso saldar cuanto antes y de la mejor manera esta rémora del pasado".

El camino elegido por Vázquez para intentar hacer eso fue mantener en vigor la "Ley de Caducidad" -aun con la opinión contraria de varios grupos que integran la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio- y habilitar a la Justicia que investigue casos específicos, como lo prevé el artículo 4 de esa norma.

Ese artículo habilita al Poder Ejecutivo a investigar denuncias referentes a "actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones".

Tras eso, en septiembre del 2006 ocho ex militares y ex policías fueron procesados por el homicidio de 28 militantes de izquierda uruguayos. Desde entonces, esos ex represores están recluidos en una cárcel especial construida en un predio militar en las afueras de Montevideo, condenados a entre 20 y 25 años de prisión.

También cumple arresto domiciliario Juan María Bordaberry, presidente constitucional del Uruguay entre 1971 y 1973, cuando disolvió el Congreso e inició un proceso dictatorial que a su vez fue interrumpido en 1976 por los militares, que lo destituyeron del cargo. Una fiscal pidió recientemente 45 años de prisión para él, por los "centenares de desapariciones y muertes" por torturas ocurridas durante su gestión.

En diciembre del 2007 la Justicia condenó a prisión a Gregorio Álvarez, ex jefe del Ejército y dictador entre 1981 y 1985, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Conocido popularmente por su apodo "Goyo", Álvarez es una de las caras más representativas de la dictadura y su encarcelamiento fue celebrado como una victoria por organizaciones defensoras de los derechos humanos en el Uruguay.

A instancias de la administración de Vázquez, un equipo de arqueólogos y peritos forenses buscó cuerpos de desaparecidos en predios militares, en algunos casos a partir de información solicitada por el presidente a los jefes de las Fuerzas Armadas.

Esas pesquisas permitieron el hallazgo de los restos óseos de Fernando Miranda y Ubagesner Chávez Sosa, dos militantes comunistas uruguayos asesinados en los años setenta.

Muchos desaparecidos siguen sin ser encontrados y sus familiares sostienen que los militares aportaron información falsa para la búsqueda de los cuerpos.

Paralelamente, el actual gobierno aprobó leyes de "reparación" económica a personas que estuvieron presas por razones políticas durante la dictadura.

Diversas muestras artísticas y otros eventos, como la reciente distinción como ciudadanos ilustres de Montevideo a varios hijos de desaparecidos, han intentado mantener encendida la memoria sobre lo ocurrido durante la última dictadura.

Además, este año se incorporó a los programas de nivel primario la enseñanza de la historia reciente, como el golpe de Estado de 1973 y las violaciones a los derechos humanos en ese período. Y a través de un decreto el gobierno de Vázquez estableció la fecha del 19 de junio, en coincidencia con la del natalicio del prócer de Uruguay José Artigas, como "Día del Nunca Más" enfrentamientos y violencia entre uruguayos.

Tras 24 años de restablecida la democracia muchos uruguayos aún miran con rencor a los militares y policías por heridas causadas en la dictadura que no terminan de cicatrizar y lo expresarán a través de las urnas este domingo.

ISMAEL GRAU
DPA