Por GABRIELA SELSER

DPA

Hace un par de meses, el veterano ex comandante nicaragüense Tomás Borge declaró que el Frente Sandinista no se arriesgará a perder nuevamente el poder, después de haberlo recuperado hace dos años. "Vamos a defenderlo cueste lo que cueste", sentenció.

La víspera, tres magistrados proclives al sandinismo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una resolución habilitando al mandatario Daniel Ortega para volver a postularse a la Presidencia en el 2011, pasando por alto una prohibición expresa plasmada en la Constitución de 1987.

La sentencia, que tomó por sorpresa a la fracturada oposición, estableció que es "inaplicable" el artículo 147 constitucional que impide a un presidente postularse en dos períodos consecutivos, allanándole a Ortega el camino a una nueva candidatura cuando concluya su mandato de cinco años, que inició en el 2007.

Juristas, políticos y medios de prensa de la oposición coinciden en calificar el fallo de "aberrante" e "inaudito". Para algunos supera incluso prácticas utilizadas por el dictador Anastasio Somoza, cuya dinastía familiar fue derrocada en 1979 por la guerrilla sandinista de la cual Ortega formó parte.

Del otro lado, el diputado oficialista Edwin Castro sostuvo que la sentencia sólo viene a "hacer justicia" a Daniel Ortega y a sus aspiraciones, muy válidas a su juicio por haber sido él quien lideró su partido durante los 17 años que estuvieron en la oposición. En una entrevista con el periodista británico David Frost en marzo pasado, el mandatario nicaragüense dejó claros sus propósitos cuando confesó que esperaba "vivir el tiempo suficiente", al menos 97 años como su madre, para mantenerse en el gobierno.

Para la ex guerrillera sandinista Dora María Tellez, Ortega busca, más allá de ambiciones mesiánicas, consolidar un grupo de poder económico dentro del FSLN que surgió tras apropiarse de empresas del Estado en 1990 y que se afianza hoy como un verdadero emporio financiero gracias a las millonarias ayudas de su aliado venezolano Hugo Chávez.

La sorpresiva resolución judicial surgió después de varias semanas de impasse en el Parlamento, donde el oficialismo intentó sin éxito aprobar una reforma constitucional para autorizar la reelección, posible sólo con el voto de 56 de los 92 diputados.

Analistas afirman que la aparente resistencia de los diputados del Partido Liberal (derecha), que lidera el ex reo Arnoldo Alemán, a los sobornos empujó a Ortega a recurrir al Poder Judicial, uno de los órganos del Estado subordinados al partido gobernante, para aplicar una reforma "de facto" a la carta magna. "La desesperación lo ha llevado (a Ortega) a cometer un acto jurídico nunca antes visto que será analizado por los juristas nacionales y extranjeros", opinó el experto en Derecho Constitucional Cairo Manuel López. La resolución judicial favorece, de paso, a 109 alcaldes del Frente Sandinista que podrán volver a postularse en el 2012, pero excluye a los 44 alcaldes liberales opositores, según lo decidido por los magistrados de la CSJ. Arnoldo Alemán, a quien la misma Justicia absolvió este año de una condena por corrupción, se apuró a calificar la sentencia de "una estocada", aunque en los corrillos políticos se le acusa de haberla apoyado por omisión, dada la extraña ausencia de los magistrados liberales de la CSJ al momento de emitirse el fallo.

Ortega y Alemán negociaron un oscuro arreglo político en 1998 que les permitió repartirse los cargos directivos en los poderes del Estado y otras importantes entidades del gobierno. La sentencia surge también en momentos de tensión entre el gobierno y sectores empresariales a raíz de una reforma tributaria que propone duplicar los impuestos. Economistas temen que se traduzca en la quiebra de miles de micro y pequeños negocios, que conforman el 80% de las empresas del país. La agresiva reforma fiscal busca cubrir un déficit presupuestario causado por el retiro de unos 100 millones de dólares de la Unión Europea a raíz del fraude ocurrido en los comicios municipales del año pasado, tras lo cual también Estados Unidos retiró 64 millones de dólares. Queda ver cómo reacciona la comunidad internacional a esta maniobra.