Eduardo Emilio Sosa se desempeñaba como procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz hasta 1995, cuando por ley se desdobló su cargo, reemplazándolo por un agente fiscal ante el TSJ y un Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces del TSJ. Sosa fue destituido sin la celebración del jury de enjuiciamiento previsto por la Constitución.

- Septiembre de 1995: Sosa presentó en la Justicia local una acción de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley.

- En 1997 el TSJ hizo lugar al planteo, pero no ordenó reincorporarlo.

- Llegó a la Corte Suprema, que primero denegó su recurso por razones formales.

- En 1998 acudió a la Corte que falló a su favor y devolvió el caso al tribunal de origen para que ordenara reincorporarlo.

- El TSJ se negó a hacerlo.

- En el 2000, la Corte resolvió a su favor un recurso por denegación de justicia, y conminó al TSJ de Santa Cruz a que se pronuncie en la causa.

- En julio del 2000, el TSJ (integrado por jueces subrogantes) limitó el alcance del pronunciamiento sobre la cuestión de fondo a la inconstitucionalidad y no hacer lugar a la reincorporación peticionada por el actor.

- Sosa volvió con un nuevo recurso extraordinario a la Corte, que en octubre del 2001 condenó a la provincia a "restituir al actor en el cargo de procurador general, dentro del plazo de treinta días de notificada".

- La Fiscalía de Estado de la provincia Santa Cruz interpuso un recurso de reposición contra la sentencia, que fue desestimado por la Corte.

- Sosa pidió a la Corte que ordenara su reposición, que la Corte denegó estando a resultas del fallo que dictara el TSJ.

- La Fiscalía de Estado de Santa Cruz pidió sustituir la reposición en el cargo por el pago de una indemnización, lo que fue aceptado por el TSJ que fijó la indemnización a Sosa en 1.216.182,16 pesos.

- En octubre del 2005 Sosa volvió a la Corte para lograr la ejecución efectiva de sus decisiones. Ese reclamo es el resuelto ahora.