Si existió en algún momento, la vana expectativa de que el municipio gestione los comedores escolares con mayor eficiencia que el gobierno provincial quedó muerta y enterrada.

Las pruebas de que miles de chicos recibieron meriendas preparadas con leche no apta para el consumo demostró que la municipalización de ese servicio -aprobada por los concejales en mayo pasado luego de arduo debate- estuvo muy lejos de asegurarles de una buena vez un refrigerio decente.

Lo penoso también es que la conducta protodelictiva de la que aparece como responsable en primer término la empresa proveedora no fue detectada por el municipio y tampoco por su mandante, el gobierno provincial, que pone el dinero y algún interés debería tener en no ser estafado. El análisis bromatológico según el cual un lote de la leche en polvo "Punta del agua" estaba "alterado" había sido encargado por el municipio ante la insistencia de muchos docentes y padres, que traducían las quejas de los alumnos por el mal gusto y olor del producto.

Si esa revelación no indignó lo suficiente, la Asamblea de la Educación Pública (una agrupación tan activa como espontánea que viene a suplir la ausencia del Estado) comprobó que la marca de leche "LAC 3" también tenía una prohibición de venta de alcance nacional.

La transferencia de los "comedores" al municipio, promovida por el CPE al calor del traumático escándalo con la empresa Flavors, encontró rápido eco en el intendente Marcelo Cascón y en el bloque radical del Concejo, que promovió y obtuvo la aprobación del convenio. En la sesión del 7 de mayo pasado la ordenanza consiguió los votos necesarios y sólo se manifestaron en contra los concejales Hugo Cejas y Arabela Carreras (SUR). En el debate hubo inquietantes advertencias que resultaron premonitorias. El concejal Darío Rodríguez Duch (ARI) votó a favor pero tras señalar que al hacerse cargo de los comedores "la municipalidad puede ser codemandada junto a la provincia por la ejecución del convenio, incluso con responsabilidades penales".

Aunque es incierta la posibilidad de que la causa termine en castigos efectivos, estaría bien echar un poco de luz sobre cómo funciona la cabeza (y el bolsillo) de quienes se proponen colar en las escuelas una partida de leche imposible de comercializar por otra vía. Ese designio inescrupuloso, repetido en otros ámbitos con planes sociales y variedad de programas similares, encuentra aire también gracias a una sociedad insensibilizada, que toma sin mayores conmociones lo que debería generar un costo inmediato y visible a los responsables.

Los padres que integran la AEP recordaron que son muchos los chicos que comen poco y mal, y para ellos la leche y el pancito de la escuela son un aporte alimentario esencial. Advirtieron también en cada mesa de discusión que su único interés es "cuidar el estómago de los chicos y no el puesto de ningún funcionario". ¿El énfasis será porque sospechan en serio que alguien pretende lo contrario?

¿Por qué el municipio se empecinó en absorber una responsabilidad que lo distrae de otras obligaciones desatendidas? ¿Por qué se enredó en la prestación de un servicio altamente sensible que no tiene capacidad de controlar? ¿La empresa proveedora cambia la leche ofrecida en la licitación por una marca prohibida y el Estado no dice nada hasta que lo detectan cuatro meses después un puñado de vecinos inquietos? ¿Podrán alguna vez los chicos disfrutar el desayuno en la escuela (en lugar de padecerlo) y secarse con la manga una leche de la mejor calidad?

Dudas todas que es obligatorio y urgente despejar.