VIEDMA (AV)- El gobernador Miguel Saiz se impuso un plazo para la supervivencia de su proyecto de la reforma constitucional. "Antes de finalizar este año, la Legislatura deberá sancionar la ley que establezca su necesidad", repitió.

Saiz abre el proceso de recolección de votos de diputados, pero existe incertidumbre en esa cosecha. El, personalmente, deberá convocar a los legisladores si pretende alguna viabilidad a su operación. Los impulsores le prometen conquistas en esa colecta, fiados en sus exploraciones iniciales.

Dos tercios del cuerpo -artículo 111 de la CP- deben avalar la "necesidad de la reforma". Equivale a 28 votos. El bloque oficialista suma 17 legisladores. Faltan -por lo menos- otros 11 votos. El justicialismo dispone de 10 diputados, pero existe escepticismo de que todos acompañen la pretensión de Carlos Soria de respaldar el proceso. Por caso, el senador Miguel Pichetto descree de la oportunidad y afirma que el partido todavía se debe ese debate. Otros opositores -como el Frente Grande, PPR, Redes o ARI- ya expusieron sus rechazos.

El mayor estorbo al proyecto del gobernador radica en el bloque oficialista. Su presidente Iván Lazzeri lo cuestionó públicamente, destacando que el gobierno tiene otros problemas y no se debe forzar este paso constitucional.

Esta posición se haría más contundente. El vicegobernador Bautista Mendioroz rechaza la reforma, consciente de que esa ocurrencia puede concluir en la posibilidad de que Saiz pretenda un tercer mandato. Ahí reside su preocupación política.

Desde esa resistencia interna, un comunicado crítico a la reforma recauda firmas de legisladores radicales. Según fuentes legislativas, sólo cuatro habrían omitido su rubrica en la proclama: Marta Milesi, María Inés García, Jesús Zuain y Patricia Ranea. Igualmente hay posiciones inciertas que demoran la difusión de ese posicionamiento.

Ese apoyo indigente a la reforma de sus diputados exigirá un raudo trabajo de Saiz para convencer a los propios. Hay allegados al mandatario que lo envalentonan pues, dicen, advierten flexibilidad en los parlamentarios si el gobernador encabeza y personaliza esos pedidos. Los rastreos originales fueron de Milesi, el secretario general Francisco González y el dirigente cipoleño Víctor Hugo Medina.

Ahora, la dificultad superior está en los plazos. Saiz lo sabe y, por eso, edificó su plan con un lapso determinante: la ley debe estar sancionada antes de finalizar el año. Si no lo logra para entonces, no habrá reforma durante su gestión. Ya no se tratará de respaldos, sino que los tiempos legales ya no darán. El inciso 2 del artículo 111 fija que la elección para convencionales no podrá ser "antes" de los 180 días de la declaración de necesidad.

Así, el llamado comicial más anticipado será mayo o junio si se logra sancionar en noviembre o diciembre.

Por otra parte, la imposibilidad política de Saiz de disponer de la ley derribará su plan reformista pero, también, su finalidad de que ese intento constitucional reproduzca iniciativa política y le permita retener poder en el mando del oficialismo.