El monopolio Clarín ha muerto, ¡viva el monopolio del gobierno! Lejos de combatir los monopolios, como declama, la nueva ley de medios (26522) crea uno mucho más poderoso.
El economista austríaco Ludwig von Mises explicó muy bien por qué es así cuando dijo que cuando desaparece la economía de mercado "las leyes y las constituciones más generosas no son más que letra muerta".
Es que, al asignar recursos de manera descentralizada, el mercado favorece la existencia de múltiples centros de poder, mientras que la asignación centralizada coloca a todos bajo la discreción de una sola autoridad.
Justamente, la nueva ley limita severamente el funcionamiento del mercado en el mundo de los medios porque prohíbe la transferencia de frecuencias de radio y tevé, obliga a cubrir con producción "nacional" e "independiente" un mínimo de horas de programación y determina que un porcentaje de licencias deberá ser entregado a entidades de carácter no lucrativo (estados provinciales y municipales, ONG, universidades nacionales y pueblos originarios).
Estas cláusulas han deleitado al progresismo vernáculo que considera que la nueva legislación permitirá que se expresen voces que hasta ahora estaban acalladas por el mercado.
Pero, si bien es cierto que la ley apunta a la desconcentración de los multimedios ya existentes, lo hace de la peor manera, es decir, sin fomentar la competencia. Y además le transfiere un enorme poder al encargado de vigilar por esta desconcentración, es decir, al gobierno de turno.
En primer lugar, al establecer que las licencias son intransferibles y que los canales deben cumplir con ciertos mínimos de programación nacional e independiente, la ley obliga a transmitir contenidos que quizás la gente no quiera ver, impidiendo que los empresarios mediáticos más exitosos amplíen su audiencia. Esto deja menos espacio para la innovación y fomenta el conformismo por parte de aquellos que ya poseen alguna licencia.
Y en segundo término, como las licencias no se pueden vender y comprar en el mercado, la ley favorecerá la concentración política, es decir que será el monopolio gubernamental el que decidirá quién debe recibir licencias y bajo qué condiciones.
Sin dudas, esta mecánica fomentará la concentración y la uniformización porque, en lugar de ganar audiencia brindando contenidos atractivos, los empresarios van a hacer lobby ante los gobiernos para obtener o conservar licencias y no lo van a lograr si sus contenidos no son favorables al poder de turno.
En efecto, la nueva ley otorga un enorme poder al gobierno para controlar el mercado de los medios. Primero, el órgano encargado de imponer sanciones y adjudicar licencias se compone de siete miembros, cinco de los cuales responderán al oficialismo: dos elegidos directamente por el Poder Ejecutivo, uno correspondiente al sector mayoritario del Congreso y dos nominados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, la mayoría de cuyos 38 miembros será parte de las huestes oficialistas.
Segundo, en las localidades de más de 500.000 habitantes las licencias serán adjudicadas directamente por el Poder Ejecutivo.
Y tercero, la ley establece severas limitaciones a la cantidad de licencias que podrán estar en manos de un mismo multimedios y fija que quienes actualmente superen ese límite deberán desprenderse de sus licencias extras en el plazo de un año.
En suma, el escenario que esto prenuncia es tan sencillo como desesperanzador: medios que venden sus valiosos activos a precio de remate a empresarios amigos del gobierno, que aprovecha su control sobre la Autoridad de Aplicación para asegurar que la disciplina de éstos se mantenga en el tiempo.
Lamentablemente, parece ser que el modelo del Indec y de la página www.hablemostodos.ar (donde todos los que hablan lo hacen siempre a favor de la nueva ley) va a extenderse sin remedio a todos los medios de comunicación.
