Madrid vivió ayer una ebullición ciudadana poco frecuente en los últimos tiempos en la capital española. Por un lado, entre un millón y 1,5 millones de manifestantes hicieron oir su voz contra el aborto. Por otro, miles de personas pedían por los derechos humanos de los inmigrantes, que van en fuerte retroceso en la península ibérica en los últimos tiempos.

La manifestación en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo tenía prohibido cualquier adhesión partidaria. De todos modos, uno de sus protagonitas fue el expresidente de gobierno José María Aznar. En su opinión, lo que pretende el Ejecutivo al cambiar la ley del aborto "es un grandísimo retroceso". "Por lo menos, que mi voz se oiga en contra, con la mayoría de los ciudadanos de España", dijo. Preguntado por qué no cambió la ley del aborto, cuando él gobernaba, ha recordado que se trata de una norma nueva: "estamos hablando de convertir el aborto en un derecho, de permitir abortar sin consentimiento a las menores; eso pasa todos los límites".

El proyecto de ley socialista, que reforma una ley de 1985, prevé fundamentalmente una libertad total de abortar en un plazo de 14 semanas. Actualmente, el aborto sólo está autorizado en caso de violación (hasta 12 semanas de embarazo), malformaciones del feto (22 semanas) o "peligro para la salud física o psíquica de la madre" (sin limitación de tiempo).

Muy cerca de esta marcha, en la Puerta del Sol, otras miles de personas desfilaron para pedir la retirada de la nueva ley de Extranjería, que examina el Congreso, por estimar que supone un "grave retroceso" en los derechos de los inmigrantes.

Los manifestantes, convocados por casi 70 asociaciones de apoyo a los inmigrantes, desfilaron tras la pancarta "Paremos la reforma de la ley de Extranjería. Tenemos derecho a tener derechos". La marcha denuncia la reforma que supondrá un "grave retroceso" en los derechos de los inmigrantes que viven en España, y "consolida una visión eminentemente policial de la gestión de las migraciones vinculando peligrosamente crisis con inmigración", según los convocantes.

La reforma de la ley de Extranjería, que fue aprobada en junio por el gobierno socialista de Zapatero, prevé incrementar de 40 a 60 días el período de detención de inmigrantes ilegales antes de la expulsión a sus países de origen, reduce la reagrupación familiar al cónyuge y los descendientes y aplaza la de los padres "hasta que tengan 65 años o existan razones humanitarias". A cambio, los hijos reagrupados recibirían un permiso de trabajo a partir de los 16 años. (Agencias)