En todas las democracias del mundo es perfectamente normal que los jefes de las distintas agrupaciones políticas procuren presionar a los parlamentarios tanto de sus propios partidos como de la oposición para que voten a favor o en contra de los proyectos de ley que se proponen, pero también lo es que los líderes políticos respeten ciertos límites. Pues bien: a juicio de la UCR, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner violó no sólo las reglas tácitas de la democracia sino que también pudo haber violado la Convención Interamericana contra la Corrupción cuando convenció a la senadora nacional correntina, Dora Sánchez, de aprobar la ley de medios que dos semanas antes había calificado de "un mamarracho", mientras que el abogado Ricardo Monner Sans también la ha denunciado penalmente por "cohecho pasivo" y "encubrimiento". Por su parte, la senadora ha confirmado públicamente que cambió de opinión por las presiones oficialistas, ya que entiende que el gobierno "disciplina con plata a los gobernadores" provinciales. En su descargo, atribuye su voto a que "a mi provincia le deben mil millones de pesos" que, claro está, nunca verá a menos que sus legisladores nacionales obedezcan las órdenes procedentes de la Casa Rosada.

Que en política el dinero a menudo importe mucho más que los principios y las convicciones no es exactamente una novedad. Puede que sea menos peligroso que lo use como un arma decisiva un gobierno democráticamente elegido de lo que sería si fuera cuestión de narcotraficantes o de empresarios resueltos a comprar voluntades, pero así y todo se trata de una forma de corrupción. Aunque antes de las elecciones presidenciales del 2007 Cristina dio a entender que procuraría reforzar las instituciones del país, durante su gestión se han debilitado todavía más, debido en buena medida a la conducta de su marido, el ex presidente, cuyo desprecio por la ética democrática difícilmente podría ser más patente. Durante la mayor parte de su propio cuatrienio en la presidencia, Néstor Kirchner contaba con la popularidad suficiente como para por lo menos brindar la impresión de estar dispuesto a respetar las formalidades, pero desde que su mujer tomó el relevo ha hecho del control de las llaves de "la caja" su fuente principal de poder. Huelga decir que nunca ha vacilado en aprovecharla con brutalidad.

La resignación manifestada abiertamente por la senadora Sánchez ante el poder del dinero y admitida de manera menos franca por muchos otros políticos es de sí muy preocupante. Parecería que nuestros dirigentes políticos se han acostumbrado a dejarse comprar, directa o indirectamente, permitiendo así que el Congreso se haya convertido en una suerte de bazar en que una proporción presuntamente alta de los legisladores está dispuesta a venderse al mejor postor, el que siempre será el Poder Ejecutivo que maneja lo aportado por los contribuyentes. Tan mala es la situación así supuesta que es virtualmente imposible que se celebren debates honestos ya que algunos legisladores, acaso muchos, ni siquiera intentarán juzgar los proyectos impulsados por el gobierno según sus méritos. Antes bien, regatearán con los inquilinos de la Casa Rosada, diciéndoles que apoyarán sus iniciativas a cambio de beneficios personales o, si aún conservan algunos escrúpulos, de ayuda financiera para su propia provincia. No debería de sorprendernos, pues, que sean cada vez más los ciudadanos que no soñarían con confiar en la buena fe de sus representantes elegidos o que un Congreso degenerado en un mercado persa carezca por completo de prestigio. De intensificarse mucho más el malestar que tantos sienten por el comportamiento entre cínico y cándido de legisladores como la senadora Sánchez, podrían estallar nuevamente manifestaciones masivas similares a las de fines del 2001 cuando muchedumbres coreaban la consigna desesperada "¡que se vayan todos!" en repudio de una clase política que de acuerdo común no estaba a la altura ni de sus propias pretensiones ni de sus responsabilidades, aunque es de suponer que serían menos multitudinarias por ser cuestión no de un cataclismo económico sino de la conciencia de que la brecha entre "los dirigentes" y los demás ha crecido hasta constituir un abismo insalvable.