NEUQUÉN (AN) - El gobernador Jorge Sapag tendrá cerca de 650.000.000 de pesos en recursos extraordinarios para obra pública y desarrollo productivo para gastar en 2010.
La suma surge de los pedidos para tomar crédito con entes de desarrollo y con el gobierno nacional que presentó desde julio y trepa hasta casi 800.000.000 si se agrega el endeudamiento de 140.000.000 con el fondo de infraestructura federal para terminar la Ciudad Judicial.
Se trata de "deuda barata", con bajas tasas de interés, períodos de gracia y a pagar a largo plazo, por lo que los créditos casi no recibieron críticas de la oposición legislativa y, con planteos o sin ellos, fueron acompañados.
El dinero permitirá a Sapag un mayor margen de acción, ya que no deberá asignar recursos corrientes para la obra pública.
Los fondos equiparan los que se obtuvieron por las prórrogas de los contratos petroleros: 415.000.000 de dólares entre 2009 y 2010, a los que se les debe descontar el 30% que va a los municipios y que deja a disponibilidad de la provincia 700.000.000 de pesos por el concepto, atados a equipamiento e infraestructura a través de fondos fiduciarios.
Al igual que los créditos, los millones del petróleo ya habían liberado a la gestión Sapag de utilizar recursos corrientes -los que ingresan a Tesorería por tributos provinciales, coparticipación y regalías- para promover el desarrollo, construir viviendas, hospitales y escuelas o para equipar al Estado.
A los pedidos de autorización para tomar crédito se suma la intención de canjear la deuda en dólares de la provincia.
La situación desnuda la intención del gobierno provincial de, ante la imposibilidad de aumentar los recursos corrientes en la medida que pretende, maximizar los que ya tiene.
Una forma es la de captar otro tipo de fondos, como por ejemplo los que provienen de deuda, en las mejores condiciones posibles. La otra, pagar los menos posible.
Los créditos que el gobierno gestionó en el segundo semestre de este año fueron, en agosto, ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para comunidades menores (Proas) por 15.000.000 de dólares; ante el Banco Mundial, para el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) por 110.000.000 de dólares; y 5.200.000 dólares por el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa).
El más reciente es de 280.000.000 de pesos para viviendas (ver aparte). Entre todos, la intención de deuda del gobierno suma cerca de 650.000.000 de pesos, que dependerá del valor de cambio.
