La estrategia intentada por Daniel Sartor para justificar su patrimonio, convalidada por el fiscal de Investigaciones Administrativas, es burda. Básicamente, porque excede las proyecciones más favorables sobre la evolución de cualquier economía personal. El oficialismo tendrá dificultades para explicar varias de las cuestiones que el titular del organismo de control convalidó en el trayecto orientado a pasar a archivo el expediente administrativo que preocupaba al grupo de poder político en la provincia.

La resolución del fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, se basa en su mayor parte en:

* las propias alegaciones de Sartor;

* alguna documentación -en varios casos sin fecha cierta-;

* testimonios de amigos del legislador beneficiarios de contratos con el Estado;

* testimonios de funcionarios y allegados al gobierno, tales como el diputado nacional electo Hugo Castañón; el delegado de la Secretaría de Medios en el Alto Valle, Osbaldo Giménez; Edgardo Corvalán, director de la aseguradora estatal Horizonte; el asesor del presidente de la Legislatura, Alfredo Lasalle; los ministros César Barbeito, Juan Accatino y Alfredo Pega y el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Iván Lazzeri;

* escrituras recientes para dar fe de operaciones pasadas, fechadas recientemente por quien en septiembre asumiera como ministro de Gobierno provincial. En el caso más llamativo, el notario hizo en junio una escritura dando como fecha cierta el año 1989 en boletos de compra de lotes que no la tenían -por no haber sido sellados-, con lo cual remontó la adquisición a antes del período investigado;

* tomar el patrimonio de Sartor a valores históricos, sin actualizarlo, con lo cual lo licuó un poco, si se consideran los índices de inflación, aun los oficiales, son bastante más bajos que los reales;

* incluir como ingreso personal íntegramente destinado a gastos particulares y familiares del legislador el dinero recibido en concepto de gastos reservados, certificado por el vicegobernador Bautista Mendioroz. Ese dinero público, que reciben los legisladores de todos los bloques -insólitamente sin obligación de rendir- está destinado a pagar gastos de la tarea política y es sabido que en gran medida se orienta al pago directo de gestiones de militantes, folletería o pegatinas. Pretender que todo va al consumo familiar del legislador parece destinado a incrementar los recursos para justificar sus abultados gastos. Pero es equivalente a afirmar que en estos años Sartor no hizo política.

Lo más curioso es que el propio Berraz, lejos de mostrar la actitud inquisitiva que justifica la existencia misma de su cargo, consintió con tono de padre permisivo las irregularidades detectadas.

Para todo tuvo a mano una explicación.

Escribió el fiscal no menos de quince veces que bienes, deudas, ingresos y empresas admitidas ahora por el legislador Sartor no habían sido incluidos en las declaraciones juradas que presentó al asumir sus cargos ni en la actualización anual a que está obligado por la ley 3.550 de Ética Pública.

Eso sólo hubiera bastado para una sanción. Es sabido que, según los principios reconocidos a nivel nacional e internacional, el combate contra la corrupción en los Estados presupone un rigor mayor en el control del patrimonio personal de quienes ocupan funciones públicas, que llega incluso a exigirles que sean ellos quienes derriben la presunción de ilicitud en su enriquecimiento. Para un funcionario público no rige sobre este tema la presunción de inocencia sino que se invierte la carga de la prueba.

De allí que la declaración jurada sea un elemento fundamental para la defensa del funcionario, que puede esgrimirla para demostrar que tenía antes de asumir los bienes que se le señalan. Al constatar que Sartor fue mendaz en sus declaraciones juradas, hubiera correspondido que Berraz le imputara el delito previsto en el artículo 268 punto 3) del Código Penal, en lugar de archivar las actuaciones disculpándole tan grave falta.

Si bien toda la resolución es un tembladeral plagado de cabos sueltos, resulta particularmente notable el esfuerzo para justificar la inversión realizada por Sartor en el terreno que -¡baratísimo!- compró en el 2006 en el desarrollo residencial más cotizado de Viedma.

El legislador invocó -y el fiscal admitió- que un corralón de materiales le entregó hace dos años gran cantidad de elementos necesarios estimados en 189.000 pesos para construir su casa -valuada por la defensora del Pueblo en más de 1 millón de pesos y por el ingeniero de la Legislatura, que actuó como perito, en 650.000 pesos-, de los cuales en el tiempo transcurrido el legislador no ha devuelto ni un peso.

Quien se haya construido una casa sabe que eso tiene dos elementos débiles:

* Primero, es francamente increíble que un empresario esté dispuesto a semejante generosidad. No se trata de donar algunas chapas para una emergencia sino de otorgar un préstamo sustantivo, sin esperar recupero, a una persona que tiene el dinero necesario para hacerse una casa lujosa. El préstamo original implica un tercio de la casa, según la muy discreta valuación admitida por Berraz.

* Segundo, un legislador tiene vedado recibir dádivas o favores económicamente relevantes de proveedores y contratistas del Estado, debido a que eso limita la ecuanimidad que está obligado a tener para resolver respecto de temas como obras y compras, marcos regulatorios de la actividad privada, contratos de alquiler con el Estado y cualquier otra cuestión en la que éstos tuvieran interés.

Un legislador debe guiarse por el interés de sus representados y del Estado y no por la conveniencia personal, según expresa en su artículo 2 la ley 3.550 de Ética Pública. En su artículo 4, esa misma ley es aún más explícita. Dice: "Los funcionarios comprendidos en la presente ley deberán garantizar en la actuación los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, independencia, respeto por las leyes de la Nación y de la Provincia...".

En el caso que nos ocupa, uno de los propietarios del corralón Surmat es Roberto Telik, amigo personal de Sartor y esposo de quien fuera socia de la mujer del legislador. Además, es proveedor y contratista del Estado, ya que participa en licitaciones ofreciendo bienes de rubros diversos, construye obras y le alquila al Estado no pocos inmuebles en Viedma.

Por eso, extraña que el fiscal de Investigaciones Administrativas haya admitido pacíficamente un documento privado expedido por Telik como coartada respaldatoria de la versión de Sartor sobre la procedencia de sus bienes. El fiscal Berraz es el custodio de los intereses del Estado, que están en potencial conflicto con cualquier relación de connivencia presunta entre quienes toman decisiones referidas a fondos públicos y los privados que resultaren beneficiados por tales actos.

* Tercero, Sartor construyó la casa durante el 2007, pero exhibió facturas de compra de materiales fechadas en el 2008. Berraz luego, para enmendar tamaña irregularidad, aplicó un desagio, tomando las facturas a valores del 2007.

Por todo esto, si hasta el momento la cuestión era el presunto enriquecimiento injustificado de Sartor, ahora la duda es mayor, puesto que alcanza a la imparcialidad, eficiencia y transparencia de las resoluciones del fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar