CIPOLLETTI (AC).- Los defensores de los cuatro procesados por el caso Otoño Uriarte no fueron notificados aún de la nueva resolución de la jueza María del Carmen García García, pero anunciaron que apelarán. "Es casi un acoso judicial", opinó Eves Tejeda, abogado de José Jafri, Ricardo Néstor Cau y Angel Antilaf.
Gustavo Lucero, en tanto, patrocinante de Maximiliano Lagos, dijo que si su cliente fue procesado por el hecho tal como lo describió el fiscal José Rodríguez Chazarreta, "vuelve a ser una aberración jurídica". Prefirió no adelantar más opinión hasta tanto tener una copia del escrito de la jueza.
El viernes por la noche trascendió que cuatro de los cinco imputados fueron procesados por "privación ilegítima de la libertad agravada por la muerte intencional de la víctima", sin prisión preventiva. La magistrada firmó la resolución el día anterior y se tomó licencia hasta mañana. Sólo el fiscal alcanzó a ser notificado. Los defensores y el querellante tendrán detalles recién mañana.
"No sabemos nada todavía", dijo ayer Roberto Uriarte, padre de la joven. A diferencia de sus últimas manifestaciones favorables al desarrollo de la investigación, volvió a realizar críticas hacia el accionar de García García.
"Hasta el momento ha habido bastantes equivocaciones en todo lo que ha manejado el juzgado. No tengo mucho que decir. Siempre hemos tenido dudas y los procesos han sido bastante mal llevados adelante", se despachó Uriarte.
Los cuatro imputados ya habían sido procesados con anterioridad y una cámara les dictó falta de mérito, permitiendo que recuperaran la libertad. Este año la jueza volvió a llamarlos a indagatoria y cuando se suponía que debía resolver, el fiscal reformuló la acusación y los indagó por tercera vez. A estos cuatro sospechosos se sumaron un joven que era menor de edad cuando desapareció Otoño y un presunto encubridor. El menor, si bien fue indagado, quedó con falta de mérito en esta resolución porque el Tribunal entiende que aún falta producir prueba pericial.
"Es repetir con distintas palabras la misma historia. El fallo tiene que ser revocado porque no se ha aportado prueba nueva", lanzó Tejeda ayer. Consideró que esta tercera acusación contra sus clientes es "un acto reincidente de desesperación de la fiscalía".
"En casi un acoso jurídico -agregó-, una persecución por querer enrostrar a personas inocentes la responsabilidad penal a fin de calmar a la opinión pública. La resolución es carente de seriedad y carente de prueba", remarcó.
La jueza considera que los imputados persiguieron a Otoño el 23 de octubre de 2006, que uno de ellos le sustrajo la bicicleta para obligarla a regresar caminando a su casa por un camino oscuro y desolado, y que allí la interceptaron. La obligaron a subir a un vehículo, la llevaron hasta un lugar no determinado, donde al menos dos de los imputados habrían abusado sexualmente de ella. Mientras estaba privada de su libertad, uno de ellos la agredió con un elemento punzo-cortante que le provocó dos heridas, de las cuales resultó la muerte. Tras el deceso, la habrían enterrado y luego la trasladaron en un auto para arrojarla al canal de riego en El Treinta. Allí apareció el 24 de abril de 2007.
