NEUQUÉN (AN) - Una nutrida caravana de manifestantes marchó ayer por las calles céntricas de la ciudad, para alertar sobre lo que entienden que es el inicio de una política de represión ante las demandas sociales.

Denunciaron los violentos desalojos cumplidos por la Policía en tomas de esta ciudad y Plottier en los últimos días y alertaron que las medidas del gobierno y la justicia apuntan a "endurecer" la forma de resolución de los conflictos.

Un espacio particular de la movilización ocuparon representaciones de familias que viven en asentamientos, en distintos barrios de la ciudad.

Entre las banderas identificatorias se observó a manifestantes de tomas de los barrios Don Bosco, Confluencia y Unión, de Plottier.

Alrededor de mil militantes de organizaciones políticas, sociales, gremiales, de cooperativas y barrios, con banderas y pancartas con consignas reivindicatorias de derechos como el acceso al trabajo, a una vivienda digna y la reapertura de empresas en conflicto, se concentraron en el monumento al general San Martín.

Con altoparlantes a la cabeza caminaron por avenida Argentina hasta el monumento a la Madre y de allí fueron hasta la sede de la cámara de comerciantes y empresarios, Acipan, donde hicieron el primer alto.

Los trabajadores del frigorífico Copromaneu de Senillosa, que desde hace varias semanas están en conflicto, dieron un panorama de la situación y cuestionaron con dureza a los empresarios.

Con aerosoles de color negro pintarrajearon las paredes y los vidrios del frente del edificio del bulevar 9 de Julio con consignas de protesta y contra sus dirigentes.

"Esta política de represión se puso en marcha con el llamado a una mesa de consenso del gobierno, cuando precisamente a uno de los primeros que convocó fue a los empresarios de Acipan", dijo Ivana Dal Bianco, del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (Ceprodh).

Añadió que "esa actitud del gobierno se fue acentuando con los violentos desalojos llevados a cabo en la toma del barrio Unión, de Plottier".

Dal Bianco señaló que desde los organismos oficiales se están profundizando las acciones para frenar los reclamos de los vecinos. "Primero son las advertencias en los funcionarios y luego es el accionar represivo directo", remarcó.

La dirigente comentó que "a la justa protesta de la gente, se la tilda de ilegal para justificar la represión, la mano dura".

Destacó que la decisión de la fiscalía del TSJ, de obligar a que los fiscales intervengan en los cortes de ruta y ocupaciones de terrenos, "es una clara manera de criminalizar la protesta social".

Los manifestantes caminaron hasta la Casa de Gobierno, donde leyeron un documento con una serie de reivindicaciones y los referentes de las distintas organizaciones que participaron de la marcha, pronunciaron discursos.