NEUQUÉN (AN).- Tras el fallo en el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictaminó que las autoridades de la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) no cumplieron con la legislación internacional que obliga a la consulta libre, previa e informada a las comunidades mapuches sobre las actividades que se promuevan sobre tierras de certificada ocupación histórica, la provincia dará marcha atrás e intentará subsanar el error. El objetivo es evitar el juicio de nulidad de contrato, que retrasaría varios años el proyecto minero.

Lo confirmó el gobernador Sapag, que restó importancia a las acusaciones que en la última sesión de la Legislatura realizó la diputada del Frente Grande, Soledad Martínez, al presidente de Cormine, Martín Irigoyen, a quien vinculó con la minera que pretende explotar la mina de cobre de Loncopué (ver aparte). Sapag evitó hacer referencias a la situación, aunque, consultado por la decisión que adoptará la provincia tras el revés judicial, confirmó que se apegará a la decisión y que realizará la consulta respectiva a la comunidad mapuche que fue a la Justicia para frenar el proceso.

El objetivo del gobernador es evitar el juicio, la instancia que se reactivó luego de que el TSJ hiciera lugar a la una medida cautelar presentada por la comunidad Mellao Morales. En el mismo fallo, ordenó que la demanda que planteaba la nulidad de contrato volviera a primera instancia, para su prosecución en juicio. Ese proceso es el que el gobierno provincial pretende evitar salvando el error de no haber consultado, que derivó en el incumplimiento al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).