NEUQUÉN (AN).- En medio de duros cuestionamientos al inciso de la ley del convenio colectivo para el Poder Judicial que incluye el descuento salarial de los días de paro, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) planteó ayer que saldrá a movilizarse para reclamar el veto al mencionado artículo al gobernador Jorge Sapag.
En una conferencia realizada en el gremio Sejun, los representantes de ATEN, ATE y Sejun plantearon que el inciso "e" del artículo 17 de la normativa podría sentar precedentes para el resto de los conflictos sociales. De hecho, alternativamente en protestas de estos sindicatos ha habido descuentos. Sin embargo, las organizaciones opositoras ven como un "peligroso avance en los derechos laborales" que se haya instituido mediante una ley.
En la rueda de prensa estuvieron los diputados Soledad Martínez (Frente Grande), y Paula Sánchez (Libres del Sur) y Rodolfo Canini (MUN), que votaron en contra de la modificación al proyecto original.
El secretario gremial de Sejun, Rafael Rubio, lamentó ayer que "una ley de convenio colectivo genere desde su génesis un elemento de confrontación", cuando "debería ser una herramienta para encausar" problemas laborales.
Aprovechamiento
Para Rubio, lo del jueves por la noche en la Legislatura, fue "el aprovechamiento del bloque del oficialismo para esconder dentro de una ley, destinada a un sector determinado, una concepción autoritaria sobre el tratamiento de los conflictos sociales". "Yo esto se lo dije a los diputados Daniel Baum (Servicio y Comunidad) y Horacio Rachid (Opción Federal)", dijo, en referencia a dos legisladores que avalaron la modificación del texto original promovido por el sindicato.
En este escenario, afirmó, "lo primero que vamos a hacer es pedirle el veto al gobernador", afirmó. Ayer Sapag dijo que no lo hará (ver nota central).
Rubio afirmó que hay gremios vinculados al oficialismo provincial que le manifestaron su respaldo para pedirle al gobierno que dé marcha atrás con el proyecto, tal cual fue aprobado.
Inscribió dentro de este sector a referentes del Centro de Empleados de Comercio (CEC) y a diputados del MPN vinculados al Sindicato del Petróleo y Gas Privado.
