VIEDMA (AV)- "No me va a temblar la mano para pedir el juicio político al fiscal de Investigaciones Administrativas", aseguró la defensora del Pueblo, Ana Piccinini luego de conocer que el titular de ese organismo, Pablo Berraz, dictaminó que no existen elementos para considerar que el legislador Daniel Sartor haya incurrido en enriquecimiento desproporcionado.

"Voy a analizar minuciosamente la resolución y después está la posibilidad de que hasta le pida el juicio político", agregó Piccinini, quien denunció el caso ante Berraz y luego radicó la presentación penal ante el fiscal Ricardo Falca. Este funcionario judicial, a su vez, promovió la acción penal, pero el juez Carlos Reussi se excusó, por lo que actualmente el expediente se encuentra bajo análisis de la Cámara del Crimen.

Piccinini habló con la prensa ayer, luego de presentarse en el Juzgado 2 para constituirse como particular damnificado en la causa por coacción agravada que inició semanas atrás contra el propio Sartor y contra uno de los procesados en la causa de los PER, Gustavo Otero. Este imputado difundió cámaras ocultas con las que pretende involucrarla en las investigación de los fondos de empleo y a las cuales Piccinini consideró amenazantes y tendientes a generar en ella presiones para que realice o deje de realizar acciones específicas.

La defensora cuestionó la decisión de Berraz acerca de los bienes de Sartor. "Me gustaría examinar los papeles que presentó Sartor para ver si realmente acreditan la legitimidad en la adquisición de este patrimonio muy interesante, que yo evalué en 7 millones de pesos", sostuvo.

Además dijo estar "poderosamente" sorprendida por "la participación de Roberto Telic en todo esto, el dueño de una importante empresa de materiales de construcción, dueño de una empresa constructora muy importante, socio de San Juan que aparece, según la información periodística, dándole un crédito impresionante a Sartor, para que construya su mansión en Viedma. Eso me parece que debe ser considerado por el juez porque estaría relacionado con una vinculación, al menos sospechosa, entre una empresa constructora que ha hecho obras muy importantes, que ha crecido a partir de su relación con los gobiernos provinciales de Massaccesi, Verani y Saiz, y uno de los máximos decisores del gobierno".

También cuestionó que Sartor haya podido justificar su patrimonio aduciendo la compra de lotes antes de 1995 -cuando ingresó a la función pública-.

Finalizó diciendo que "esto es la corporación, es la impunidad y son muchos lo que están trabajando en ello. Porque este gobierno no tiene la garantía de la continuidad, la cadena se termina porque este gobierno va a perder las elecciones, por eso la corporación está tratando de cerrar las causas".