Por MARÍA LUJÁN VENIER
mlvenier@rionegro.com.ar
Cada año miles de personas son trasladadas, privadas de su libertad y explotadas. Bajo amenaza son obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas, a mendigar o forzadas a engancharse en el circuito de la prostitución. Los más vulnerables casi siempre son los niños y las mujeres de sectores pobres que ingresan en el circuito de la trata a través de artilugios como avisos en los medios de comunicación o directamente por acciones violentas como el rapto y el secuestro.
El abuso, la trata y el tráfico de personas se ha convertido en un flagelo imparable: las crisis económicas y alimentarias, la cultura del consumo y los sistemas patriarcales son el caldo de cultivo aprovechado por el crimen organizado transnacional para montar una compleja trama delictiva que despoja de sus derechos más elementales a un sinnúmero de seres humanos a lo largo de todo el mundo. A pesar de que la trata es una realidad insoslayable también en el país, la lucha contra estas nuevas formas de "esclavitud moderna" no se transformó todavía en una política de Estado.
Hay organismos gubernamentales que hicieron suyo el tema y trabajan para lograr su erradicación y asistir a las víctimas, pero los esfuerzos continúan siendo desarticulados, individuales.
"Las dificultades van a comenzar a desaparecer cuando esto se convierta en una política de Estado y cuando las agencias gubernamentales afectadas a este tipo de problemáticas puedan ponerse de acuerdo. Si lo local no está enganchado con lo provincial y lo provincial con lo nacional, se arma una maraña donde todo desaparece, se obstruye. No porque ésa sea la voluntad sino porque hay una mecánica burocrática no aceitada, no acordada", explicó Lucía Alberti, presidenta de la Asociación Pro Naciones Unidas de la Argentina (ANUA). Alberti es además responsable de los encuentros regionales preparatorios para el primer congreso internacional "200 años después. Abuso, trata y tráfico en infancia, adolescencia y juventud", que el año que viene se realizará en Buenos Aires.
El 1 y el 2 de este mes se llevó a cabo en Cipolletti el evento previsto para la región sur. Convocó a representantes de organizaciones no gubernamentales y estatales y a especialistas en la temática de Río Negro y Neuquén.
En este contexto, la experta desgranó parte de un problema que tiene como principal dificultad para su solución "una compleja trama de encubrimiento" que involucra a organizaciones delictivas transnacionales. "Es un delito que no empieza y termina en el mismo lugar y, además, implica a actores diferentes en cada una de las etapas", especificó.
El concepto moderno de trata de personas fue establecido en el año 2000 cuando se firmó, en Italia, el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar estos delitos.
Dice el documento conocido como Protocolo de Palermo: "Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos".
Y aclara que en el caso de los niños (menores de 18 años) se considerará trata cuando medie "la captación, el traslado, la acogida o la recepción con fines de explotación", aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados anteriormente.
La lucha de muchas organizaciones que trabajan para erradicar este flagelo tiene un norte claro. Evitar que el tema sólo emerja como una noticia policial o cuando hay una movilidad social por parte de familiares de personas cooptadas o desaparecidas y que se sospecha son víctimas de trata.
"Hay que encararlo como una cuestión social que tiene que ver con la violación de derechos humanos. Cuando te someten de alguna manera están violando tus derechos y, si a eso le sumás el alto nivel de vulnerabilidad de las chicas jóvenes y de los niños, la situación se transforma en una cuestión social, no en un hecho policial", fijó posición Alberti.
Consideró que en este punto "el rol de los medios de comunicación es definitorio", porque permite poner el tema en agenda pública.
"Si vos no escuchás, no sabés, el problema no existe y éste es el gran problema. Realmente no podemos permitir que subsistan este tipo de situaciones. Y es cierto, nos planteamos lo óptimo, la utopía", reconoció frente a quienes todavía piensan que es imposible lograr la igualdad real de derechos.
Porque, si bien reconoció que "lo que más pega es el tráfico para el comercio sexual", hay otras situaciones igualmente oprobiosas como la captación de niños para someterlos laboralmente.
"Hay lugares en el país donde se contratan familias para que trabajen en criaderos de pollos. Los niñitos, porque tienen las manos chiquitas, son los que están obligados a recoger los huevos. ¿Qué vida tienen, si viven en condiciones deplorables?", graficó sobre otro tipo de explotación menos visible aún que la sexual.
Y recalcó la necesidad de la denuncia. "No hay que permitir la explotación, hay que denunciarla y trabajar en la elaboración de un nuevo paradigma que le permi-ta a todo el mundo tener posibilidades de desarrollo. No que se desarrolle el 10% de la población y el resto se convierta en esclavo. Cuanto más rápido logremos visibilizar los problemas, con mayor prontitud llegaremos a contrarrestarlos. No podemos permitirnos la mínima toleran-cia hacia este tipo de hechos", enfatizó.
Cuestionan los instrumentos legales
Dos fueron los cuestionamientos centrales que la presidenta de la Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina, Lucía Alberti, realizó hacia los instrumentos legales existentes para luchar contra la trata y el tráfico de personas.
El primero fue hacia la ley nacional 26.634 de "Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas", promulgada en abril del año pasado. El punto objetado, también por otras organizaciones de la sociedad civil, es el que diferencia a las víctimas según sean menores o mayores de 18 años, obligando a estas últimas a probar que fueron engañadas y que no dieron su consentimiento libremente.
"Una muchacha de 19 años, que a lo mejor la dejaron embarazada y tuvo un hijo que está con alguien que lo cría para tenerla sometida, ¿tiene libertad para decir éste es mi captor, el que me maltrata, el que me tiene en el circuito delictivo? No. Ni una de 19 ni de 20 ni de 25. Y pongo el ejemplo entre los 18 y 19 años porque ahí queda en evidencia el problema de la ley. Nos parece que es una limitación arbitraria porque estamos hablando de trata. No de una mujer que ha decidido ejercer la prostitución y hacer con su cuerpo lo que se le ocurra. Porque cuando hablamos de trata, hablamos de sometimiento, de violación de los derechos humanos y de un delito", apuntó Alberti.
Reconoció, sin embargo, la importancia de contar con este instrumento legal así como que Argentina haya adherido (en el 2002) al Protocolo de Palermo. "Esto también es un avance, porque da un marco legal internacional para avanzar en la desarticulación del delito".
Y aquí expresó una segunda crítica: "También hay que decir que el protocolo quedó muy limitado, porque la representación de los Estados no puso todo el empeño que se debía en ese momento histórico y dejó librada a la resolución interna de los países firmantes la aplicación de leyes penales que no tenían y aún muchos no tienen", razonó.
