VIEDMA (AV).- La explotación sexual de mujeres parece ser más notoria que de costumbre, pero las denuncias formales son virtualmente escasas, según referentes del Programa Juana Azurduy.
El único antecedente que pueden contabilizar por ahora se produjo el 28 de agosto, cuando tres hombres fueron detenidos en el marco de una nueva investigación federal por presunta trata de personas.
Se estima que en este caso en particular, las víctimas serían más de cinco y vivirían en un reducido espacio compartido y en condiciones más que precarias. Sin embargo Silvia Calvo, representante del programa nacional, puso de manifiesto que "casi nadie se anima a presentar la denuncia".
Dentro de estas responsabilidades, el programa trata de liberar otras mujeres, aunque cuentan con un punto en contra, porque "muchas veces -apuntó- se trabaja clandestinamente".
Las referentes del programa entrevistaron recientemente al intendente de Sierra Grande, Adrián Iribarren, para analizar la problemática de esa ciudad minera donde proliferan locales nocturnos que funcionan como cabarets, y otras dependencias, que desde el propio municipio, se reconoció que funcionan en forma ilegal.
Calvo acudió ayer con Mercedes Barrera al Concejo Deliberante para tomar intervención en una sesión en la que la ciudad de Viedma decidió fijar límites precisos al funcionamiento de cabarets, evitando que las mujeres puedan ejercer la prostitución en lugares de encierro.
Calvo habló ante el cuerpo deliberativo viedmense advirtiendo que en un reciente encuentro desarrollado en Puerto Madryn, se denunció que la trata de personas vienen incrementándose paulatinamente "transformándose en toda la Patagonia en un fenómeno creciente". También advirtió que "debemos procurar que no siga aumentando para no tener que ver a hijas y nietas pasando por la misma situación" en un futuro cercano.
