El fiscal de Investigaciones Administrativa, Pablo Berraz archivó la denuncia por “aumento desproporcionado de patrimonio” del legislador Daniel Sartor, planteada el año pasado ante la Legislatura por la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini.

En la resolución, Berraz analizó la documental y las justificaciones del legislador, concentrándose en la evaluación del periodo de diciembre de 1995 a octubre de 2008.

Berraz encuadró que varios inmuebles habían sido adquiridos por el legislador con anterioridad a su ingreso en la función pública. Si bien concluyó que el cruce de ingresos y gastos del grupo familiar arrojó una diferencia, indicó “que no puede imputarse como ingreso no justificado, sino como el resultado de variaciones de distintas estimaciones”.

En la Justicia se tramita una causa penal por la misma cuestión. Actualmente la Cámara de Apelaciones analiza un recurso después que el juez Carlos Reussi se declaró incompetente.
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