VIEDMA (AV).- La causa que investiga presuntas irregularidades en la distribución y rendición del Programa de Empleo Rionegrino (PER) fue elevada a juicio. Ahí están procesados por "defraudación reiterada contra la administración pública" los ex funcionarios de la secretaría de Trabajo Gustavo Otero (ex director de Empleo), Ángel Alberto Poggi (ex director General de Administración) y María Mirán (ex subdirectora de Administración).

La elevación a juicio llega cinco años después de iniciada la investigación penal, con serias demoras en la instrucción y, últimamente, con una fuerte exposición pública a partir de que Otero amplió su indagatoria y presentó videos de cámaras ocultas, denunciando a Ana Piccinini -actual Defensora del Pueblo y ex secretaria de Trabajo- en la maniobra. Todavía en la Justicia no se resolvió si esos elementos se sumarán al expediente elevado a juicio o si se formará otra causa.

A los procesados Otero, Poggi y Mirán se los acusa por falta de justificación en la utilización de fondos de los planes dirigidos a desocupados. Para la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el primer organismo que intervino en el tema, esa falta de rendición rondó los dos millones de pesos, a partir de planes que habrían sido distribuidos y no rendidos entre 2001 y 2003. En ese lapso la cartera estuvo al frente de Alejandro Betelú durante unos meses; otros estuvo acéfala y en el último tiempo pasó a Piccinini, quien al iniciarse el 2003 denunció un desvío de fondos por parte de un empleado, que fue juzgado por ello. Esa denuncia generó que se profundizara la investigación en la Fiscalía de Investigaciones sobre el manejo de recursos, finalizando con la denuncia penal de abril de 2004.

El juez Pedro Funes inició entonces la investigación. Tres años después dictó los procesamientos y dictó falta de mérito al ex director General de Trabajo, Daniel González, quien hoy se desempeña en la Defensoría del Pueblo.

Elevada a juicio la causa por el juez subrogante Juan Bernardi, el Fiscal de Cámara Juan Ramón Peralta analiza las cuestiones formales de la solicitud de juicio y no se descarta que pida la exhibición de los videos de Otero.