SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El ex secretario de Prensa del Concejo Municipal, Rodolfo Florido, quedó procesado por falsedad ideológica en concurso ideal con fraude a la administración pública por haber ocultado su jubilación policial en la declaración jurada de ingreso al cargo.

El juez de Instrucción Martín Lozada consideró probado que Florido fue agente de la SIDE al menos entre 1989 y 2002, cuando obtuvo su jubilación, según lo certificó la caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. El avance de la causa penal contra Florido podría tener inmediatas repercusiones en el Concejo, que nunca emitió un pronunciamiento formal luego de la precipitada renuncia de su ex responsable de Prensa.

El concejal Darío Rodríguez Duch (ARI) dijo ayer que a partir de la "semiplena prueba" del delito cometido por Florido promoverá un proyecto de declaración para que el cuerpo repudie su actitud.

El ex agente de la SIDE había accedido a la secretaría de Prensa en diciembre de 2007 a propuesta de los concejales del Frente para la Victoria. A diferencia de sus antecesores, que habían sido designados con el aval unánime del Concejo, Florido sólo contó con los seis votos del FpV. Los cinco concejales de la oposición votaron en contra porque lo encontraban "demasiado identificado con el partido SUR".

Apenas cuatro meses después el diario porteño Página 12 reveló que Florido goza de una jubilación policial que no había declarado y también que -de acuerdo a su legajo- cumplió tareas de inteligencia en el Ejército y la Armada durante la dictadura.

El juez Lozada no pudo comprobar que Florido haya sido "servicio" durante la represión ilegal. Sólo certificó su paso por la SIDE en gobiernos democráticos, pero se jubiló en 2002 en la Policía Federal luego de acumular "26 años" de aportes.

Esos datos fueron suficientes, en opinión del magistrado, para demostrar que el ex funcionario insertó un dato falso en la declaración jurada presentada ante el municipio, lo cual le permitió cobrar sus haberes completos como secretario.

La defraudación sobrevino de esta percepción, que debió sufrir la quita que impone la ley provincial 4035 a los empleados públicos que cobren jubilación, destinada a un fondo para desocupados.

En un primer momento Florido negó todo y atribuyó la "confusión" a la existencia de una persona homónima. Pero días atrás, luego de prestar declaración indagatoria, reconoció veladamente su pasado en los servicios y dijo que no era posible saber si en esa función "una persona fue sumamente útil para la Nación y para la democracia".

Cuando quiso abundar, lo frenó su defensor Ernesto Saavedra, quien es además contador, fue secretario de Economía municipal durante la intendencia de César Miguel y dirige un diario gratuito en el que Florido escribe columnas semanales.

Argumentó que si no informó sobre su jubilación fue para no violar el secreto que ampara a las actividades de inteligencia. Incluso presentó recursos para ser relevado de esa obligación y también para llevar la causa a la Justicia Federal.

El juez rechazó ambos planteos y entendió que la reserva exigida por la ley de Inteligencia no es aplicable al caso porque con sólo revelar sólo su condición de jubilado "de ningún modo ponía en riesgo la seguridad interior del Estado".

De ser encontrado culpable, Florido podría recibir pena de prisión de 1 y 6 años.