SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Vecinos, organizaciones sociales, políticas y el Foro para el Desarrollo Sustentable de San Martín de los Andes, lanzaron una campaña de recolección de firmas que apunta a forzar por la vía institucional, a través del derecho de iniciativa y referéndum, la derogación de la ordenanza que modificó el uso del suelo y las regulaciones urbanas sobre los humedales de la Vega.
Los vecinos se proponen reunir el 10% del padrón como opción de mínima, lo que habilitaría el pedido de derogación de la ordenanza 8390/09, aunque los ediles podrían rechazar esa propuesta. Sin embargo, su máxima aspiración es lograr el 20 % del padrón electoral (unas 4.200 personas), que obligaría a llamar a un referéndum por el sí o el no a la derogación de la norma.
La ordenanza 8.390 está vigente desde el pasado 7 de agosto, lo que dejó sin efecto la anterior 3012, que los vecinos consideraban más restrictiva sobre los efectos de la urbanización en la "frágil" cuenca del Lácar, donde destacan los humedales de la Vega y su papel como reguladores hídricos. Se trata de una franja de terrenos mallinosos, ubicados a ocho kilómetros al este del casco histórico y sujetos a la vez a una fuerte presión inmobiliaria.
Los vecinos, referentes políticos de los partidos de oposición y ediles del Une y Libres del Sur, citando estudios, afirmaron que la creciente urbanización en esa zona provocará serias consecuencias ambientales, por efecto de la impermeabilización del terreno y la carencia de planes, en particular en materia de conducción de efluentes.
En ese sentido, explicaron ayer que la nueva legislación permite que se abran a la urbanización 495 hectáreas de las 740 que conforman la Vega Plana, lo que a su vez habilitaría la construcción de unas 4.500 viviendas residenciales, con una carga de 15.000 personas sobre terrenos frágiles.
Explicaron que las modificaciones aprobadas permiten a los privados hacer obras hídricas para desecar el mallín; no prevén la instalación de cloacas y no contemplan la obligación de reservar espacios públicos ni de esparcimiento.
Asimismo, sostienen que la nueva ordenanza es inconstitucional, por violatoria del artículo 41 y de la ley nacional general del ambiente, ya que en el proceso de su confección "no se informó ni consultó a la comunidad, y no se dio lugar a la instancia obligatoria de audiencia pública".
