Los cambios que se aprobarán en Diputados son una manifestación elocuente de la crisis fiscal que atraviesan la Nación y las provincias.

Con la flexibilización de la ley de Responsabilidad Fiscal el gobierno busca liberarse de un corsé que se calzó en agosto del 2004 cuando se sancionó la ley 25917, presentada al Congreso por el entonces presidente Néstor Kirchner con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con estas modificaciones, llega el relajo fiscal a la economía pública.

El gobierno es consciente, pese a que el proyecto de presupuesto 2010 dice lo contrario, de que se acabó la era de los superávits fiscales para la Argentina. Con dos años por delante, la administración Kirchner optó por lo más fácil: liberar el ingreso al endeudamiento. Con este esquema, desde la Casa Rosada aseguran que llegarán sin grandes problemas al 2011. Seguramente tengan razón; el inconveniente sobrevendrá en los años posteriores al 2011, con un gasto que no ha sido reestructurado y la espiral de endeudamiento lanzada sin control alguno -tal como ocurrió en la década del 90, cuando el déficit fiscal fue financiado por deuda pública-.

Los gobernadores, por su parte, no han forzado modificaciones que mejoren el reparto de recursos con las provincias. Se conformaron, tal como lo menciona el analista Carlos Pagni en una de sus últimas columnas, con que les quitaran los límites para gastar y endeudarse. Una renuncia al federalismo casi suicida. Las necesidades de financiamiento de las provincias para el año que viene se estiman cercanas a los 14.000 millones de pesos. Estas mismas provincias le aportan 12.000 millones anuales a la Anses, organismo que se jacta de tener un superávit de 15.000 millones.

Como éstos, existen muchos otros ejemplos de cómo el gobierno centraliza recursos de las provincias.

Pero los gobernadores temen confrontar en la defensa del federalismo. Lamentable.