SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un grupo mayoritario de agrimensores de esta ciudad planteó serias objeciones al proyecto de ley que impulsa la creación del colegio profesional provincial por entender que no resultaría operativo y responde a intereses ajenos al ejercicio de la actividad.

Durante una reunión mantenida con los legisladores de la comisión de Economía -en el municipio local- los profesionales señalaron como un "despropósito" la creación de una estructura colegiada cuando sólo hay 80 agrimensores en ejercicio en todo el territorio provincial.

El proyecto que impulsa la creación del "Colegio de Agrimensores de Río Negro" -denominación que se arroga una agrupación profesional de Viedma- fue promovido por el bloque oficialista en setiembre del año pasado con el objeto de modificar la ley 442, que regula la actividad desde 1965, y escindir a los agrimensores del Consejo Profesional de Ingenieros.

Antonio Locria aseguró que "el 99% de los agrimensores de Bariloche" está en desacuerdo con el proyecto de ley, mientras que su par Julio Posse sostuvo que "no se puede crear un colegio por ley cuando la mayoría de los profesionales no está a favor".

Posse le cuestionó a los legisladores que hayan aceptado la presencia del secretario de la Producción de Río Negro, Daniel Lavayén, y del director de Catastro, Mario Grandoso, en la reunión mantenida con sus pares de Viedma que acompañan la iniciativa.

"Es inadmisible que dos funcionarios del Ejecutivo hagan lobby por una regulación que atañe a profesionales de un sector" sostuvo, al tiempo que denunció que "quieren crear por ley es un círculo de amigos del poder y un centro de negocios".

Las denuncias de corrupción vertidas por el profesional durante la reunión de Economía le valieron un duro cruce con la legisladora Nelly Meana que calificó de "muy graves" sus dichos y le anticipó la intención de llevarlo a la justicia.

Posse vinculó el proyecto de ley con el convenio suscripto entre la provincia y la entidad de Viedma para el relevamiento y mensura de todas las tierras fiscales rionegrinas, sobre el que pesa un pedido de nulidad cuya definición esta en manos del Superior Tribunal de Justicia.