La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, resistida por parte del arco opositor y apoyada por organizaciones sociales, rompe el monopolio en los medios audiovisuales al limitar la cantidad de licencias de radio o de televisión que puede operar una misma empresa e imponerles el plazo de un año para adecuarse a la nueva normativa, lo que generó el rechazo de los empresarios mediáticos.
También establece mayor participación estatal en la autoridad de aplicación de la ley que estará a cargo de un organismo compuesto por siete miembros, dos de ellos bajo designación directa del Poder Ejecutivo, tres elegidos por el Congreso y el resto por un Consejo Federal.
Uno de los artículos más resistidos por las empresas es el que limita a diez las licencias que puede operar una misma empresa y establece que el licenciatario de una señal de televisión abierta sólo puede operar a la vez una señal de televisión paga.
La ley también avanza sobre los contenidos de la programación al establecer pautas mínimas de producción nacional tanto en programas de radio y televisión como en emisión de música.
Las bancadas opositoras criticaron la iniciativa por entender que otorga excesivo poder al Estado para regular el otorgamiento de licencias en medios audiovisuales y objetaron la distribución de la pauta de publicidad oficial.
La norma divide en tercios el espacio radioeléctrico argentino con una parte en manos de empresas privadas, otra reservada para el Estado y una tercera para ser operada por organización civiles. La norma impide además a las empresas telefónicas participar en el negocio de la televisión paga.
Detrás de la nueva legislación se encolumnaron organizaciones sindicales, de derechos humanos y sociales, en particular las que agrupan a radios comunitarias, a diferencia de las entidades que nuclean a los grandes medios, que la objetaron por considerar que incrementa las regulaciones estatales. Dirigentes de la oposición consideraron que la nueva ley traerá aparejado un sinfín de reclamos judiciales por parte de aquellos licenciatarios que se verán forzados a vender señales para ajustarse a la norma. (AFP)
