Sábado 10 de Octubre de 2009 Edicion impresa pag. 28 > Sociedad
Reclaman que se agilice ley de procreación asistida
Experta dijo que la Iglesia y médicos frenan la iniciativa

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- "En la Argentina, dos grandes intereses se oponen al tratamiento y aprobación de una ley de procreación asistida: la Iglesia y los centros médicos, que hacen lo que quieren", dijo la jurista Marisa Herrera, una destacada especialista en derecho de familia, investigadora del Conicet y consultora de Unicef Argentina.

Herrera fue un de las disertantes del Segundo Foro Patagónico de Derecho de Familia, que se desarrolla en esta ciudad, organizado por los colegios de abogados y procuradores de Neuquén, Junín de los Andes y Roca. Hoy será el cierre de las jornadas, con la participación del ministro de Desarrollo Social, César Pérez.

Marisa Herrera fue "Premio Joven Jurista 2007", de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba; es autora de diversas investigaciones y publicaciones, y subdirectora de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la UBA, entre otras actividades.

En diálogo con este diario, Herrera desgranó aspecto de las problemática de familia, y en particular la necesidad de políticas públicas del estado.

"En Argentina no tenemos una ley de procreación asistida, y esa es una gran deuda pendiente", enfatizó.

Herrera recordó varios intentos y proyectos entre 1995 y 1998, así como otras iniciativas legislativas "no muy buenas" en la actualidad, pero advirtió que "hay dos grandes presiones e intereses para que no haya una ley en esta materia, tan sensible".

Explicó que, por un lado, "hay intereses muy fuertes de la Iglesia. El gran tema en este caso es si el embrión, básicamente en las técnicas de fertilización ´in vitro´, es o no persona. Vamos a suponer que yo me someto a estas técnicas -continuó- con la disponibilidad de siete embriones. Luego, utilizo tres y tengo trillizos y digo que no quiero más hijos... ¿qué pasa con los otros cuatro?". En ese sentido, planteó que si se considera "personas" a esos embriones, entonces no debería cortarse la cadena de frío y, si el interesado desiste o no puede seguir pagando, entonces "debería ser el estado quien se ocupe como garante de la vida de las personas, lo cual a su vez crearía todo un tema, incluso desde el punto de vista económico". Luego, abundó Herrera, "otro tema para la Iglesia es si la mujer sola puede o no acceder a la fertilización asistida".

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