El mes pasado, mediante los decretos que van del número 1.819 al 1.822, el Poder Ejecutivo neuquino concretó una virtual fusión del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, IPVU, y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, ADUS. Fue designado presidente de ambos organismos el ingeniero Teodoro Aspesi y gerente general de la ADUS el contador Rodolfo Kaiser. Ambos, veteranos del Movimiento Popular Neuquino. Además se nombraron nueve "asesores" , entre los cuales se destaca el ex candidato a concejal del MPN, Arsenio Baeza, que no tuvo los votos suficientes para ganar una banca en el Concejo Deliberante de la capital provincial.

Los nombramientos corresponden a la denominada planta política, "una planta" de very important persons (vip) que florece cada cuatro años, cuando se renueva el gobierno provincial, sea porque nacen nuevas flores o porque algunas de las que estaban, más preparadas para resistir los cambios climáticos, continúan. Las categorías son de las más altas: van, de menor a mayor, desde la AG0 a la AG2 y los sueldos oscilan entre los 4.000 y 5.000 pesos con lo cual, si se cubrieran dos asesorías aún vacantes, el total mensual que se llevan los asesores rondaría los 50.000 pesos.

El decreto 1.820, que nombra a los asesores de Aspesi en ADUS, señala en sus fundamentos que "a fin de dotar de la capacidad operativa suficiente para el cumplimiento de las funciones específicas que la ley establece, corresponde readecuar sus funciones asignando y designando al personal que cuenta con el perfil para su cumplimiento". El 1.822 incorpora a tres asesoras de Kaiser en el IPVU, con el propósito de "dotar de la capacidad operativa suficiente...", etcétera.

Lamentablemente, los decretos no dan el número de la ley que invocan, lo que torna imposible conocer las "funciones específicas" requeridas a los nombrados. Tampoco sería posible, aun teniendo la ley a mano, saber si cuentan con el "perfil" que les permita cumplir con el asesoramiento que deben prestar, porque no hay información al respecto. O sea que todo cuanto puedo decir, aplicando al caso una lógica perogrullesca, es que los asesores asesoran.

El único perfil -que conocí hace muchos años- es el de Baeza, quien era dirigente vecinal de un barrio también vip -donde las viviendas no se incendian- ciertamente superior a aquellos de la periferia neuquina en los que vive gente de poca importancia, familias que ocuparon terrenos fiscales, hicieron allí sus viviendas empezando por el cartón y la chapa y siguiendo con el ladrillo, y luego reclamaron y consiguieron calles, luz, transporte público y algunas hasta gas y ¡oh! asfalto.

Es esa gente que se anotaba en la lista de los solicitantes de vivienda del IPVU pero no lograba entrar en la de los adjudicatarios. Ahora es peor, porque ni lista hay.

Por debajo de los asesores, en otros cargos de la generosa planta política del tándem ADUS-IPVU hay una legión de funcionarios que, éstos sí, tienen asignadas tareas específicas. En algunos casos tales tareas se dan por duplicado, ya que ahora el organismo fusionado a cargo de Aspesi tiene dos direcciones de Tesorería, dos de Compras y Contrataciones y dos de Informática. Por fortuna la de Informática de la ADUS está vacante, lo que significa un sueldo menos en estos tiempos de tantas dificultades para pagar a empleados, contratistas, proveedores y gente que no figura en la nómina pero -no sé si me explico- "pertenece".

Una explicación al cierre de esta edición. La legislación en general, en particular la neuquina, suele ser en ocasiones algo impenetrable. Sucede que los decretos mencionados hasta aquí fueron firmados por el gobernador Sapag el 16 de septiembre último. Pero dos días después, el 18, firmó el 1.830, que después de recordar, en sus considerandos, la modificación del gabinete dispuesta por el decreto 1.772, dispone que las designaciones en la nueva planta política deben ser aprobadas por la jefa de Gabinete, Zulma Reina. Mientras tanto -dice el 1.830-, las vigentes cesan el 30 de septiembre, pero como las mencionadas más arriba resultan de las nuevas estructuras aprobadas por los decretos mencionados, supongo -no es mi deseo crear alarma pública- que siguen vigentes.

El presupuesto provincial vigente asciende a 6.240 millones de pesos. Y como el monto anual de lo que perciben los asesores no pasaría de los 650.000 pesos con aguinaldos incluidos, su incidencia es insignificante (aun cuando se sume el ahorro de reducir a una las direcciones duplicadas).

Lo que pasa es que el gasto público está inundado de ese tipo de dispendiosas incidencias, a las que se llega velozmente apelando a una herramienta de uso frecuente, la contratación directa. Es el camino para que el gasto no termine en los bolsillos de desconocidos, sino en los de gente "de confianza" (así llamada en México la que aquí forma parte de la planta política).

Esos contratos abundan en el BPN. Por ejemplo, los de software como el llamado Work Flow, para el seguimiento de los flujos de trabajo; el de Mesa de Ayuda, que atiende por teléfono o computadora a los usuarios con problemas; el de gestión administrativa para la Gerencia de Administración. Otros cuya adquisición, siempre directa, está en trámite, son dos sistemas, de gestión y publicación de documentos, y el denominado IVR, para información de saldos.

El presidente del ISSN, Marcelo Berenguer, se está colocando en la trocha abierta por Luis Manganaro en el BPN. Un contrato directo reciente es el de la consultora Crexall SA, que está en convocatoria de acreedores y no figura inscripta en el Registro Público de Comercio de Neuquén.