Los habitantes de gran parte del país deberán adelantar una hora sus relojes el 18 de este mes por el plan de ahorro energético de la Nación, mientras continuarán con sus husos horarios al menos quince provincias entre las que se cuentan Neuquén, Río Negro y Chubut.

El cambio horario promovido por el gobierno central fue rechazado asimismo por Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego.

Los gobiernos bonaerense y porteño, entre otros, evitaron manifestar con firmeza sus posiciones frente a la medida ya que sus "técnicos" continuarán durante el fin de semana evaluando la decisión.

En un nuevo caso excepcional, los habitantes de San Luis, quienes utilizan un huso horario con 60 minutos menos que el de los ciudadanos del resto del país, deberán adelantar una hora sus relojes este domingo por una ley provincial. Esos pobladores el 18 de octubre tendrán que volver a cambiar el huso horario al adelantar una hora sus relojes y quedarán así en sincronía con los habitantes de las provincias que insistan con resistir la medida impulsada por la Nación, que debe ser formalizada con un decreto presidencial.

La polémica por los presuntos beneficios y supuestos perjuicios de la aplicación de la iniciativa nacional recrudeció a pocos días del nuevo cambio de hora, que seguirá el patrón de modificación establecido en 2007 por la ley 26350. La norma fue impulsada ese año fundamentalmente por legisladores del Frente para la Victoria (FpV), con el fin de que se comenzara a aplicar el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica. En los últimos días, gobernadores, empresarios y técnicos de las empresas provinciales de energía eléctrica volvieron a cruzar argumentos en favor y en contra del cambio de hora. Los defensores de la medida aducen "ahorro energético" y los detractores critican los "cambios de hábito", por citar algunos de los argumentos de las posiciones encontradas. La ley 26350 se aplica desde diciembre de 2007 pero, en el 2008, 12 provincias quedaron exceptuadas de la implementación de la norma a través de un decreto presidencial firmado tras una resistencia marcada de distritos ubicados en el oeste del país.