VIEDMA (AV).- En noviembre será el juicio contra la funcionaria de Fiscalía de Estado, Sandra Bombardieri, acusada del delito de "Fraude a la Administración Pública por Administración Fraudulenta" por autorizar un pago superior en unos dos millones de pesos a lo que correspondía para un estudio de abogados de Viedma.

Las audiencias tendrán lugar entre el 16 y 18 del mes próximo, oportunidad en que el Tribunal integrado por Susana Milicich de Videla y Eduardo Giménez y Ernesto Rodríguez escucharán a la imputada y a más de 10 testigos, en su mayoría abogados.

Entre ellos figuran Raúl Bruno, Juan Carlos Montecino, el ex fiscal de Estado, Sergio Ceci, María José Gilardi y Liliana Staforini; además de empleados y letrados de la Fiscalía de Estado como Eduardo Martirena, Lucrecia Rodrigo, Sergio Pérez Becchio, Natalia Faluggi, Cosme Nacci, Gabriel Abayú, Gladys Macre y Mario Molina, entre otros.

Como fiscal de Cámara actuará Adriana Zaratiegui y Manuel Maza como defensor de Bombardieri.

Esta causa fue elevada a juicio en agosto del año pasado tras una extensa investigación que llevaron adelante el juez penal subrogante Alejandro Moldes y el fiscal Ricardo Falca, quien sostuvo que la prueba reunida durante la instrucción demostró que a partir de la sanción del decreto-ley 1/04 posteriormente convertido en la ley 3868, el Estado provincial dispuso devolverle a los agentes de la administración pública las sumas descontadas por aplicación de la norma previsional Nº 2990. Esas devoluciones eran en efectivo y en títulos Bogar, aplicables en aquellas causas judiciales concluidas y homologadas judicialmente.

Para Falca, las pruebas y los testimonios de empleados y abogados que tramitaron estos juicios, acreditaron la responsabilidad funcional de Bombardieri, entonces jefa del departamento de Asuntos Judiciales de la Fiscalía, que como tal tenía a su cargo las estrategias a seguir en los juicios y la distribución de los expedientes judiciales entre los letrados a su cargo, supervisión y acceso a las actuaciones judiciales en las que era parte el Estado provincial.

El fiscal sostuvo que la imputada concentró bajo su responsabilidad todos los juicios iniciados como consecuencia de las normas 2502 y 2990, relevando de toda participación a los abogados de la Fiscalía de Estado. "Por ello es que la encartada se reunió con los representantes de los demandantes, recibió las liquidaciones, firmó y tramitó la homologación de los convenios de pago", agregó Falca en el pedido de elevación a juicio.