SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Más de una veintena de empleados y delegados gremiales municipales locales fueron llamados a indagatoria pero se negaron a declarar ante la Justicia de Instrucción, por el presunto delito de usurpación de dependencias públicas y entorpecimiento funcional, ocurrido en junio pasado, en medio de un duro conflicto salarial contra la gestión de la intendente Luz Sapag.
La medida responde a las actuaciones iniciadas por la Fiscalía adjunta de San Martín, a cargo de Ignacio Oyuela, a raíz de las denuncias formuladas por funcionarios municipales.
Como se apuntó, las indagatorias se enmarcan en la presunta comisión de los delitos de usurpación y entorpecimiento funcional. En ese contexto, el Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción, con asiento en Junín y a cargo de Federico Sommer, dispuso las indagatorias para 22 empleados municipales y delegados gremiales. Sin embargo y de momento, todos han hecho uso de su derecho a negarse a declarar, y designaron abogados defensores de Neuquén, que prestan asesoramiento al sindicato ATE, protagonista de la protesta.
Los hechos sujetos a investigación se relacionan con la toma de la planta baja del palacio municipal, que comenzó el pasado 1 de junio y se mantuvo hasta el 12 de ese mes. Un grupo de personas, según la acusación, bajo "amenazas a empleados y funcionarios municipales", invadieron la intendencia impidiendo el ingreso de personal, lo que afectó el normal uso y goce del edificio.
La imputación afirma que los mismos individuos estorbaron el desarrollo de las actividades propias de la administración, hasta impedir a los funcionarios públicos municipales cumplir con sus tareas; cortando la energía eléctrica, la red informática y las comunicaciones telefónicas externas e internas. Además, dice la fiscalía, patearon las puertas de los despachos, ocuparon físicamente puestos de trabajo ajenos, batieron bombos al lado de los empleados y funcionarios, impidiendo la atención al público, a la vez que colocaron muebles frente a las ventanillas de pago, las que taparon con carteles. En algunos casos, puntualiza la denuncia, también impidieron el ingreso al público, "amedrentando, empujando, escupiendo y amenazando en forma directa a los empleados y funcionarios municipales que cumplían con sus tareas".
Las conductas, sostiene la imputación, impidieron la emisión de cheques en tiempo y forma a proveedores, altas y bajas de patentes, inmuebles y licencias comerciales y otros gastos.
Conviene recordar que en ese sector del municipio, donde se llevó a cabo la protesta, se encuentran las oficinas de Rentas, la Tesorería, Catastro y otras dependencias de atención al contribuyente.
