NEUQUÉN (AN)- Los fiscales de la provincia de Neuquén podrán investigar casos de trata de personas, aunque sea un delito federal, a partir de la adhesión a un protocolo de actuación que indica de qué forma proceder ante este delito.

El protocolo les recomienda a los fiscales, por ejemplo, que presten atención a la ausencia de controles administrativos y que procedan de oficio a verificar las actividades que desarrollan locales y establecimientos nocturnos. Si encargan tareas de inteligencia previa, aconseja que den participación "preferentemente a fuerzas de seguridad ajenas a las locales". Es una manera sutil de sugerir que puede existir complicidad policial.

El trabajo fue elaborado por el Consejo Federal de Política Criminal, y expresa lineamientos de investigación destinados a las jurisdicciones provinciales. Neuquén adhirió a través del fiscal del Tribunal Superior, Alberto Tribug.

Aunque el delito de trata es de jurisdicción federal, los fiscales provinciales pueden actuar "siempre en el marco preliminar, sin perjuicio de la oportuna determinación de la competencia".

Se advierte que puede estar "vinculado u oculto detrás de otras hipótesis delictivas", como por ejemplo, lesiones o ataques a la integridad sexual.

Por eso y a partir de su adhesión al protocolo, "los ministerios públicos de cada jurisdicción se comprometen a desarrollar investigaciones proactivas ante la presunción de que tales hechos se encuentran relacionados al delito de trata de personas".

Otras recomendaciones para los fiscales son presenciar los allanamientos, cercar la zona para evitar fugas de sospechosos, revisar todas las dependencias y prestar especial atención a cerraduras, rejas, puertas de acceso y ventanas.

También brinda consejos sobre la manera de formular los interrogatorios a los sospechosos y el tratamiento que se les debe dispensar a las víctimas en los momentos posteriores a ser rescatadas.

La trata es uno de los tres delitos más importantes a escala mundial, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Está definida como "la captación, el transporte, traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de fuerza u otra forma de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad, o a la concepción y recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación".

Se incluye "la explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos".