La reestructuración de las agencias fiscales, que incluye tal como se informa en el diario la eliminación de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, figura en el último acuerdo del TSJ, que pueden leer completo aquí.

Uno de los interrogantes que surgen es qué impacto tiene la reforma en el jurado de enjuiciamiento pedido contra Pablo Vignaroli por presunto mal desempeño.

¿La reforma lo cubre o lo expone más aún?

El jury tenía prevista una reunión para el jueves 8 pero me comentaron que se suspenderá, otra vez por viajes de jurados. Para mi gusto están tardando demasiado en tomar una decisión y eso no es bueno para nadie.

Cuando en 2003 el TSJ de entonces (tan apacible, lo vemos ahora) aprobó la creación de las fiscalías especializadas, ya se veía su talón de Aquiles: quien copara la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública tendría la llave para manejar los expedientes que le interesan al gobierno.

Lo que nunca se pensó es que vendría una época como la que vino, cuyos resultados podemos ver hoy: ninguna condena por cometer delitos contra o desde el Estado en años, y un puñado de fiscales adjuntos inexpertos (cuando no familiares de funcionarios del Ejecutivo) manejando las investigaciones.

En los años cuyas secuelas perduran, a investigaciones profundas y serias, como por ejemplo la de los créditos del Iadep (que si son para los amigos, mejor), las dejaron morir.

La investigación del Iadep, realizado por la ex fiscal adjunta Cristina Beute (hoy brilla en el fuero federal) fue revisitado hace poco por algunos de los nuevos vocales que, según se dice, están enterándose de lo que pasó como si recién hubieran desembarcado en la provincia (a mí me cuesta creerlo).

Otra fiscalía que cae por su propia inoperancia es la de Delitos Complejos cuya titular, Gloria Lucero, fue una de las que quedó atrapada en la grieta del tiempo que le impidió asumir como jueza (cuando nació el Consejo de la Magistratura).

Lucero es la que quiso iniciar una causa contra los docentes por daños provocados a la casa de gobierno y por privación ilegítima de la libertad en perjuicio de un grupo de policías encerrado en Roca y Rioja horas después del asesinato de Fuentealba.

También le tocó (en sus inicios) la causa Fuentealba II pero fue desplazada cuando trascendieron los escasos avances obtenidos.

Otra de sus actuaciones destacadas fue cuando intentó identificar a los alumnos que tomaron el Consejo Provincial de Educación, en su mayoría menores de edad.

Lucero tenía a su cargo otra causa no menos resonante: la zona liberada. En una licencia suya la subrogó Sandra González Taboada quien rápidamente se dio cuenta de que al expediente le faltaba una sola cosa: pedir la indagatoria de Sobisch. Y lo hizo.

No pude actualizar la información pero si no la cambiaron, hoy es la fiscal de la causa de la cámara oculta.

Estos son apenas algunos apuntes de la larga y agitada historia de las fiscalías en los últimos años. ¿Vendrá una nueva etapa?

Si algo quedó afuera no se preocupen, intuyo que algunos la completarán con generosos datos. Y si no, siempre hay tiempo de volver al tema.

(G.B.)