El gobierno nacional resolvió ayer "profundizar" su ofensiva para que la empresa de capitales norteamericanos Kraft Foods (ex Terrabusi) cumpla con "las normas y las leyes vigentes" en la Argentina.

Tras una reunión en la que participaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, su par bonaerense Oscar Cuartango y la viceministra Noemí Rial, el gobierno resolvió "profundizar las acciones iniciadas para lograr que la empresa se comprometa al cumplimiento de las normas y leyes vigentes".

Así lo informó un vocero del encuentro, en el que se decidió impulsar "la reincorporación de los trabajadores" despedidos y suspendidos y la "reinserción de los delegados" gremiales.

El conflicto se inició hace 45 días cuando la empresa despidió a 86 trabajadores y suspendió a 36, entre ellos a cinco delegados.

En las últimas dos semanas, en tanto, los trabajadores nacionalizaron el conflicto con dos cortes de la autopista Panamericana y diversas protestas en el conurbano bonaerense y la Capital.

Las fuentes indicaron que en el cónclave de ayer se resolvió también mantener "reuniones directas" con el "presidente de Kraft, con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), con el sindicato de la alimentación y con la Comisión Interna" de los trabajadores.

La reuniones "directas" comenzarían hoy, indicaron los voceros, que subrayaron que aspiración del gobierno es "la reincorporación de los trabajadores y la reinserción de los delegados" suspendidos.

La semana pasada, el sindicato, los delegados, la empresa y ambos ministerios de Trabajo firmaron un acta en el que se comprometían a iniciar un diálogo. Además, Kraft aceptó permitir "la actividad sindical" y "laboral" de los delegados, pero a la mañana siguiente los representantes de los trabajadores no pudieron ingresar a la planta. El jefe de la cartera laboral bonaerense había advertido que las dos partes, la empresa Kraft Foods y la comisión de trabajadores, mantienen posiciones que obstaculizan la posibilidad de un acuerdo.