Por algún motivo, en Río Negro hay más dirigentes interesados en reformar la Constitución que en respetarla.

Otra vez, unos cuantos políticos -la mayoría de ellos oficialistas- han salido a polemizar acerca de si es necesaria o no la modificación de la carta magna, si ahora o más adelante, si un cambio total o pequeñas enmiendas...

Entre ellos, el gobernador ha desmentido varias veces que el rumoreo reformista persiga como objetivo permitirle aspirar a un tercer mandato, pero sus colaboradores inmediatos dicen que sí.

Pero, a pesar de tantos intentos por instalar el debate, la ciudadanía sigue empeñada en reclamar que se mejore la administración de las cuentas en Salud Pública, el Ministerio de la Familia o en Educación, de modo que les permita a los habitantes de Río Negro disfrutar de los derechos y garantías que la Constitución y las leyes establecen y que los contribuyentes solventamos en gran medida con el pago de impuestos y contribuciones.

Es cierto que habría varios artículos en la Constitución rionegrina que sería interesante modificar. Pero, como suele suceder, antes de habilitar un proceso de revisión conviene sopesar quién lo promueve y con qué intención.

Sucede que la Constitución es, por naturaleza, una norma fundamental y, por ello, estable, aunque no absolutamente rígida.

Su condición de marco general normativo justifica la exigencia de mayorías especiales para habilitar su reforma y la necesidad de que no sea sometida a manoseos por apetencias sectoriales o de momento. Los retoques y adecuaciones, que sí son necesarias, deben ser realizados en base a consensos amplios, la única manera de que la ciudadanía se considere parte del cuerpo social regulado por ella y consienta en acatarla.

Aquí no parece haber más que un par de consensos básicos:

? la necesidad de eliminar la exigencia de dos años de residencia en la provincia como requisito para ser juez o fiscal;

? la modificación del Consejo de la Magistratura para hacerlo menos político y más técnico;

? la necesidad de revisar el modo en que se integra la Legislatura de manera de que se garantice efectivamente la representación de las minorías. Claro que, para esto, hay más que cambiar en el Código Electoral que en la Constitución. Y el hecho de que, hasta el momento, nadie haya modificado el artículo 126 de la ley 2.431 es razón suficiente para dudar de las expresiones de quienes invocan la democracia y la calidad institucional cuando buscan desanudar el paquete cerrado de la carta magna provincial.

En realidad, hay razones para suponer que el gobernador Saiz y algunos de sus allegados sólo están interesados en abrir la Constitución para introducir en ella la posibilidad de una reelección indefinida.

Y que los únicos reparos que algunos oficialistas han opuesto no se refieren a una defensa de la alternancia republicana sino al temor de que el radicalismo vuelva a perder, esta vez, la elección de convencionales constituyentes.

El tema de la reelección es precisamente uno de los ejes centrales de todo debate institucional.

La posibilidad de que un gobernante sea reelecto implica la inmensa tentación de usar los recursos del Estado puestos a su custodia para provecho personal. Es decir: para intentar convencer al electorado de que tiene tareas pendientes que quedarían fatalmente abortadas si volviera a su casa al fin su mandato.

En realidad, en una democracia importan las ideas más que las personas. Nadie es tan distinguido, único ni excepcional para suponer que ninguna otra persona podrá gobernar mejor.

De hecho, hubo un momento en que un gobernante no lo fue. Era antes de asumir un ciudadano común, como las personas que aspiran a sucederlo. Sólo lo distingue el poder del Estado, que es precisamente lo que no le pertenece. Es un bien ajeno que debe devolver en tiempo y forma.

En definitiva, la reelección no le hace bien a las cuentas públicas ni a la eficiencia de una gestión. Por lo tanto, no le hace bien a la ciudadanía.

Todo argumento reeleccionista es exclusivamente de interés de la persona que ocupa la máxima jerarquía del Ejecutivo.

Ni siquiera su partido o su gobierno resultan favorecidos, ya que la permanencia de un gobernante por ocho o más años actúa como un "tapón" inhibiendo las expectativas de ascenso de sus copartidarios.

Tampoco el resto de la vida política obtiene beneficio, puesto que los partidos que durante muchos años se ven obligados a ser oposición pierden motivación para elaborar proyectos, que son la esencia de la acción política.

En síntesis, hasta el momento todos dicen que su interés está puesto en la gente, cuando con sus actos muestran que están buscando su conveniencia personal.

Por ejemplo, nadie le ha puesto contenidos a lo que sería un plan reformista en beneficio de la democratización del Estado. Una estrategia que debería incluir:

? prohibir las contrataciones directas;

? prohibir que el gobernador dicte decretos sobre materia legislativa;

? instituir la exigencia de que los partidos elijan sus candidatos en elecciones internas abiertas y simultáneas;

? eliminar toda cobertura de fueros o inmunidades que impida que los funcionarios públicos rindan cuentas de actos cometidos en ejercicio de sus cargos;

? la revisión del sistema de organismos de control administrativo, que ha demostrado ser más caro que efectivo;

? la obligación de que todas las cuentas del Estado y las declaraciones juradas de los funcionarios públicos estén disponibles en internet, como modo de descentralización del control aprovechando los avances de la tecnología;

? eliminar los departamentos como divisiones territoriales -que hoy ya nada significan- y reemplazarlos por regiones definidas por consenso y que sirvan a todo fin, es decir que se constituyan en circuitos electorales, distritos administrativos de Salud, de Educación, Policía y políticas de tierras y desarrollo, incorporando en ellos consejos participativos;

? lamentablemente, también deberán eliminarse las normas relacionadas con facultades que la provincia ya no tiene -la Caja de Previsión Social y el BPRN-, aunque nada impediría crear un nuevo banco de fomento.

En momentos en que se admite que la concentración de poder es causa de la mayoría de los males institucionales, toda modificación del marco normativo debería buscar dar mayor transparencia y calidad institucional, fortaleciendo el parlamento y la flexibilidad de instrumentos de democratización de las decisiones, como en los modelos parlamentarios europeos.

En cambio, entre medias palabras y silencios, la reforma constitucional es hoy en Río Negro como la piedra caminadora, esa fantástica leyenda de la meseta de Somuncura que imagina un cuerpo pesadísimo movido por fuerzas invisibles. Al fin, nadie lo ha hecho, pero la piedra cambia de lugar y deja una huella.

Así también, llegará el día en que, por resignación o convicción, los ciudadanos rionegrinos amanezcamos con una elección de convencionales constituyentes o nos descubramos con una nueva Constitución.

Sería bueno que, antes que eso suceda, cada uno de nosotros se haya ocupado de leer a conciencia la actual Constitución y sopesar los efectos concretos que, en nuestra vida cotidiana y en la de nuestros dirigentes, tiene cada una de sus normas y las que podrían reemplazarlas.