Arduo y complejo aparece, sin duda, el trabajo de quienes se propongan recuperar el interés ciudadano por la política y poner freno al derrumbe de la credibilidad que aqueja a los gobiernos en general.

El estrago provocado por las expectativas incumplidas generó una ruptura evidente entre representantes y representados, que en Bariloche prohijó una sociedad particularmente refractaria al compromiso cívico.

Salvo excepciones notorias y valiosas, el grueso de la población asume un rol desafectado que retroalimenta la queja ritual, para disgusto de quienes tienen responsabilidades de gestión, no aciertan con las soluciones y se sienten incomprendidos.

El Concejo Municipal aprobó hace pocos días el Código Electoral que regirá en la ciudad de aquí en más y cumplió así con un mandato de la Carta Orgánica largamente vencido.

Hubo consenso en lo general, pero el debate del articulado tuvo asperezas varias y dejó la vivificante sensación de que las pujas ideológicas y conceptuales pueden tener cada tanto su meritorio lugarcito entre la marea de cuestiones urgentes.

Los concejales entendieron que la oportunidad permitía abordar problemas recurrentes como el ausentismo de los votantes en elecciones obligatorias y los gobiernos débiles que surgen de comicios con preferencias demasiado repartidas.

En el primer asunto, la UCR propuso y consiguió establecer sanciones severas para el "no voto", como la imposibilidad de obtener una licencia de conducir o un permiso de obra. Ese impedimento tendrá un año de vigencia y el elector rebelde podrá salvarla con el pago de una multa de 100 pesos.

Menos éxito tuvo el Frente Grande en su intento de apuntalar la legitimidad de futuros gobiernos mediante la incorporación del balotaje. La propuesta del concejal Alfredo Martín -que perdió por un voto- permitía consagrar en primera vuelta al intendente que obtenga la mitad más uno de los votos o bien un 45% con diferencia mayor de 20 puntos. De lo contrario debía competir "mano a mano" con el segundo en un nuevo llamado a las urnas.

Las posiciones de los distintos bloques no estuvieron exentas de especulación política y más de un concejal votó en función de cómo cree que le irá a su partido en la próxima elección. Pero también fue posible escuchar reflexiones con otra médula, dada la disyuntiva nada trivial que había sobre la mesa.

Los radicales, por ejemplo, dijeron que si los gobiernos municipales enfrentan crisis de legitimidad no es tanto por la falta de un balotaje que les gane adhesiones forzadas sino más bien por la marcada reticencia de los ciudadanos a concurrir a las urnas.

Creen entonces que un castigo acorde a los alérgicos al cuarto oscuro será suficiente para revertir la concurrencia inferior al 60% que caracterizó a las últimas elecciones y que tocó un piso de 41% en el referéndum popular obligatorio de hace pocas semanas.

Dados los antecedentes, es difícil imaginar una aplicación real y efectiva de las sanciones previstas. Y por lo demás, no dejan de ser un recurso demasiado ampuloso que difícilmente alcance por sí sólo para revertir el desencanto.

Algún concejal que votó en contra dijo que imponer multas es un camino equivocado y que "sólo las acciones de los gobernantes acercarán a la ciudadanía a la participación política". En la vereda de enfrente consideraron que mantener la obligatoriedad del voto sin castigo alguno sólo contribuye al deterioro institucional.

En cuanto al balotaje, los opositores entendieron que no es un instrumento útil a nivel municipal. Dijeron que las alianzas previas a la segunda vuelta serían "compulsivas" y la elección entre sólo dos opciones no tendría la misma "autenticidad" que en el llamado original, con candidatos múltiples y variados.

No cuajó entonces el criterio de que el balotaje terminaría con los gobiernos "débiles de origen" que acceden al poder con un tercio o menos de los votos. Algún edil esgrimió atractivos argumentos sobre la "legitimidad de ejercicio" y no faltó quien recordara que "la provincia de Río Negro, si tuviera balotaje, hace rato que no estaría en manos radicales".

En cualquier caso, al descartar la segunda vuelta los concejales dejaron sin resolver una falencia evidente del actual sistema. El electorado de Bariloche demostró más de una vez su propensión a atomizar preferencias y hoy es técnicamente posible (y probable) que un intendente acceda al gobierno con un 25% de los votos, o menos.

Esto último sería inimaginable en otras ciudades donde hay líderes fuertes que han ganado elecciones con apoyos del 60 y 70% sin sorprender a nadie.

Aun cuando el texto final del Código no conforme a todos, el análisis político que le dio forma discurrió por un terreno inusual y ese detalle es auspicioso por sí solo.

Los concejales tomaron nota del escenario incómodo que les toca pisar y son conscientes de que las mejores ideas servirán de poco si la participación popular, la vida interna de los partidos políticos y la calidad de los debates preelectorales no remontan la cuesta.