VIEDMA (AV).- El juez penal Juan Bernardi citó a declaración indagatoria a tres ministros, una ex integrante del gabinete rionegrino y a tres empresarios por la causa Flavors.

Los primeros en dar explicaciones sobre los presuntos delitos en la provisión de alimentos preelaborados al Estado provincial serán Jaques Matas y Máximo Vicchi. Los directivos de las firmas Masiliy y Flavors, radicados en Mendoza, deberán presentarse en los tribunales de Viedma el 16 y 17 de noviembre, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

Por su parte, el roquense Daniel Héctor Fernández, apoderado de la firma en Río Negro, fue citado para el 1 de diciembre.

Desde el día siguiente tendrán que concurrir, en forma individual y consecutiva, los ministros de Familia, Alfredo Pega; de Hacienda, Pablo Federico Verani y de Salud, Cristina Uría. En la citación también está incluida la legisladora Adriana Gutiérrez, quien antes de asumir la banca estuvo a cargo del Ministerio de Salud de Río Negro.

La fiscal de la causa, Daniela Zágari, había pedido las indagatorias hace un tiempo para quienes aparecen como sospechados en esta investigación, que trata de esclarecer si las empresas del grupo Matas defraudaron al Estado rionegrino en relación a la calidad de los alimentos entregados, además de intentar determinar si hubo responsabilidad de los funcionarios provinciales para que eso suceda.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades en los alimentos que Flavors entregaba al Ministerio de Familia para ser distribuidos en comedores escolares y en planes sociales destinados a familias de escasos recursos.

Tras la investigación en este organismo fue la misma Fiscalía la que formuló la denuncia penal ante la Justicia, con pruebas importantes, como el resultado de los análisis realizados a la leche y que dieron un porcentaje muy bajo en nutrientes.

Estas condiciones generaron que el Inal dispusiera el retiro del mercado de las leches "Nutrimas" y "Deshifoof" que entregaba Flavors y distribuía el gobierno rionegrino.

Ante esta situación el gobernador Saiz no tuvo otro camino que retirar a la empresa del registro de proveedores en octubre del año pasado.

Hasta ese momento no había tomado determinaciones en base a lo que sostenía Salud que aseguró que los productos en cuestión "eran aptos para el consumo".

La causa penal recayó en el juzgado a cargo de Pedro Funes, quien actualmente tiene pendiente una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por un presunto mal desempeño en sus funciones en torno a esta investigación. Desde junio es reemplazado por el juez en lo Correccional Juan Bernardi, quien dispuso los llamados a indagatorias.