Todo gobierno sabe que una buena manera de conformar a un sector díscolo consiste en crear un nuevo ministerio para que se encargue de solucionar sus problemas, razón por la que nuestro país ya cuenta con 13 a pesar de los esfuerzos de los juristas por impedir la proliferación de dichas carteras, fijando un máximo de ocho antes de la reforma constitucional de 1994, ocasión en que la cantidad permitida fue aumentada a diez. Por haberse hecho tan elásticas las reglas en este ámbito como en muchos otros, los Kirchner pudieron procurar congraciarse con los empresarios creando un Ministerio de Producción a fines del año pasado. Hace algunos días, fue agregado a la lista un Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Puesto que la creación de un ministerio de este tipo ha sido un reclamo tradicional de los ruralistas, sus voceros manifestaron su satisfacción ante la novedad, aunque en vista de la hostilidad notoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido hacia todo lo vinculado con el campo muchos sospechan que sólo se trata de una medida cosmética. Si significara que por fin el gobierno se ha dado cuenta de que le convendría ayudar a impulsar el desarrollo del sector más dinámico y más competitivo de la economía nacional, la creación de un Ministerio de Agricultura marcaría un hito de importancia estratégica. En cambio, si lo que se ha propuesto el gobierno es engañar a los ruralistas dándoles un regalo meramente simbólico, el conflicto absurdo entre los Kirchner y el agro continuará frenando el progreso económico y por lo tanto social del país.

Mucho dependerá de la gestión del funcionario designado para encabezar el nuevo ministerio. Como tantos otros miembros del gobierno actual, el bonaerense Julián Domínguez es un oficialista vocacional, ya que luego de hacer gala de su lealtad hacia Eduardo Duhalde -fue vicejefe de Gabinete del gobierno del presidente interino- se transformó automáticamente en un kirchnerista ferviente, pero acaso entenderá que esta altura no sería de su interés perder el tiempo ensañándose con los ruralistas. Como todo ministro nuevo, Domínguez tendrá que optar entre resignarse a desempeñar un papel modesto, como hizo en su momento el casi invisible Carlos Fernández cuando figuraba como titular de Economía, y mostrar a sus colegas y rivales que posee la autoridad necesaria para defender su área contra personajes como el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el mandamás de AFIP, Ricardo Echegaray, y otros funcionarios de mentalidad similar que se han destacado por su voluntad de hostigar a los productores rurales por todos los medios a su alcance. Desde el punto de vista de los agricultores, fue alentador que ni Moreno ni Echegaray asistieran a la ceremonia en que Domínguez asumió su nuevo cargo.

En todos los países avanzados, incluyendo, desde luego, los más industrializados, siempre ha sido normal que la administración de las actividades agrícolas hayan estado en manos de un funcionario de rango ministerial, pero por motivos ideológicos, para no decir psicológicos, nuestros gobiernos han preferido minimizar la importancia del aporte al conjunto del campo. Cuando a la presidenta y su cónyuge se les ocurrió calificar de "golpistas", "oligarcas" y así por el estilo a los ruralistas enojados, suponían que la mayoría compartía sus prejuicios anacrónicos. Se equivocaron, claro está. Una consecuencia positiva del conflicto con el campo que fue provocado por la terquedad de un matrimonio de ideas irrisoriamente anticuadas ha sido la toma de conciencia por parte de una alta proporción de la clase media urbana de que el futuro del país dependerá en buena medida de la evolución del campo por ser el único sector que está en condiciones de competir con éxito en todos los mercados del mundo, sin excluir a los más exigentes. Si bien es de prever que los proteccionistas de Estados Unidos, los países de la Unión Europea y el Japón sigan tratando de impedir el ingreso de nuestros productos agrícolas y ganaderos, gracias al crecimiento rápido de gigantes como China y la India las perspectivas frente al campo motivarían optimismo si no fuera por la actitud de un gobierno que no ha disimulado su voluntad de ponerlo de rodillas.