TEGUCIGALPA.- El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el gobierno de facto abrirán un diálogo la próxima semana bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA), en busca de una salida a la crisis desatada por el golpe de Estado del 28 de junio.
"Va a haber un llamado al diálogo (...). Lo haría el gobierno en ejercicio, y la otra parte lo aceptaría. Eso está acordado", dijo ayer el chileno John Biehl, enviado del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
El diálogo podría comenzar antes de la visita el 7 de octubre de unos diez cancilleres e Insulza. Para preparar la visita llegaron ayer cuatro funcionarios de la OEA, los mismos que habían sido expulsados el domingo por el régimen de facto. Pero aún no está previsto un cara a cara entre el presidente de facto, Roberto Micheletti, y Zelaya, refugiado en la Embajada de Brasil desde el 21 de setiembre, tras haber regresado en secreto a Honduras.
Tras varios intentos frustrados de negociación, la OEA, que suspendió a Honduras el 5 de julio tras el golpe, deberá tratar de que se llegue a un acuerdo en breve y evitar, dijo Biehl, "que no sea una estrategia dilatoria de nadie".
Pero el diálogo topa de inicio con la dificultad de abrirse paso bajo el estado de sitio en que se halla el país desde el domingo cuando Micheletti emitió un decreto que restringió las libertades de movimiento, asociación y prensa, por el que sacó del aire a dos medios, Radio Globo y Canal 36, afines a Zelaya.
"Para que haya un diálogo confiable debe quitar esas medidas. No se puede hablar en medio de represión y estado de sitio", dijo Gilda Rivera, vestida de negro "en luto por la democracia", apostada con un grupo de manifestantes frente a la embajada de Brasil, cercada por los antimotines.
En este sentido, Zelaya dijo mediante un emisario que está listo para negociar y a ceder en su aspiración de convocar a una constituyente en busca de una salida a la crisis política en Honduras, siempre y cuando el gobierno de facto derogue el decreto que restringe los derechos civiles.
En lo que algunos ven como una división del bloque que apoyó el golpe, empresarios, políticos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han pedido la derogación del decreto que suprimió las libertades.
Diplomáticos dijeron que esperan que para crear un clima propicio para el diálogo sean levantadas la supresión de las libertades civiles, aunque el presidente de facto aún no da marcha atrás y dijo el jueves que "en el momento oportuno" tomará la decisión con el Consejo de Ministros".
La negociación no se vislumbra nada fácil pues estaría basada en la propuesta del presidente costarricense Oscar Arias, que tiene como punto central la restitución de Zelaya, rechazada de plano por Micheletti.
Este sería el segundo intento de diálogo después del que se realizó en julio en San José de Costa Rica, bajo mediación del presidente y Nobel de la paz Oscar Arias.
"Esa restitución es esencial para el retorno de la democracia", manifestó Biehl, quien insiste en que la iniciativa de Arias puede incluir cambios que las partes negocien.
El régimen de facto, que quiere llevar a Zelaya ante la justicia por cargos como traición a la patria, abuso de autoridad y corrupción, estimó que el plan Arias podría sufrir cambios para que sea un "acuerdo aceptable".
