Como se ha dicho una y otra vez en esta columna, el derecho constitucional a la información tiene vigencia en esta provincia desde que la Constitución fue aprobada, hace más de medio siglo, pero de hecho no la tiene porque no se ha sancionado una ley que reglamente la norma constitucional. Ya es hora de que todos sepamos que en el llamado Estado de derecho una cosa es el derecho y otra, los hechos.

El derecho a la información tiene, para los ciudadanos y, en especial, para los periodistas, severas restricciones porque, como principio general, el gobierno hace uso y abuso del secreto toda vez que, por alguna razón, no le conviene que sus actos sean públicos.

Así los periodistas quedamos en franca desventaja con respecto al gobierno, porque todo lo que hacemos en ejercicio de nuestro oficio es público, de modo que todos los funcionarios públicos pueden enterarse.

Es más: no sólo pueden sino que quieren, a tal punto que, por ejemplo, el gobierno neuquino paga a una empresa contratada para decirle lo que se publica respecto de lo que sus funcionarios hacen o dejan de hacer. Eso se llama, en lenguaje oficial, "auditoría de noticias" y la firma contratada -sin licitación ni concurso público, como es usual- es el Grupo Crear SRL. El contrato, aprobado por el decreto 1.287, tiene seis meses de vigencia -desde el 1/7/09 hasta el 31/12/09- y lo firman el subsecretario de Información Pública, Antonio Artaza, y Luis Ariel Lagos Rigano por el Grupo Crear. Le cuesta al Estado 293.814 pesos, pagaderos en cuotas mensuales de 48.969 pesos. Dicho sea de paso, no estaría de más que se explicara por qué no pueden hacer ese trabajo los empleados que dependen de Artaza, que son alrededor de cien.

En los fundamentos del decreto que lleva su firma, el gobernador Jorge Sapag dice que los informes "cuantitativos y cualitativos" que elabore el contratista "permitirán efectuar una medición del tratamiento y cobertura que los medios de comunicación le confieren a las diversas temáticas que son impulsadas por las acciones de gobierno". Esa medición -en particular, nos parece, la cualitativa- posibilitará que la subsecretaría de Artaza formule y defina "campañas de comunicación que permitan la correcta aplicación de la metodología de difusión de políticas de gobierno". Hay que suponer que esas campañas tenderían a enmendar la "incorrecta" difusión que hacen los medios, o algunos de ellos.

No podría faltar en el contrato una cláusula dedicada al secreto. Es la número 15 de un "anexo único" que prohíbe a la empresa "comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido conocimiento". La empresa será responsable de los daños y perjuicios que cause la difusión de esa información.

En otra parte del anexo se da la lista de los medios gráficos y electrónicos de la provincia y el país que el contratista deberá auditar. Este diario tiene el honor de encabezarla.

Según el decreto 1.287, el contrato directo se fundamenta en el artículo 64, inciso dos, apartado h), de la ley 2.141 de Administración Financiera y Control. Ese artículo se refiere a las excepciones al principio general de la licitación pública, establecido en el artículo anterior. El inciso dos menciona la contratación directa, que puede fundamentarse en razones varias, entre ellas la del inciso h), que la autoriza cuando se tratare de "adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados". Como no parece que el Grupo Crear reúna a artistas y/o científicos eminentes, es forzoso deducir que su oferta es la de periodistas especializados en trabajar para gobiernos. Es, si se nos permite la expresión, algo grosero fundamentar el contrato directo en las normas invocadas.

La historia del Grupo Crear ofrece una explicación que ayuda a comprender los motivos que el gobierno tuvo para contratarlo. Por empezar a contarla, hay que decir que el contrato no es nuevo sino una renovación de otro que ya existía.

El grupo fue creado en junio del 2003, cuando el gobernador era Jorge Sobisch, por Haydée Esther López Cuello y Santiago Fernando Nahuel Iglesias. Pero dos meses después se sumó a la sociedad, reemplazando a Iglesias en el cargo de gerente, Lucas Sebastián Petazzi. Un mes después Petazzi compró las acciones de López Cuello.

En junio del 2005 hubo más cambios, porque Iglesias cedió sus acciones a Zoilo Cruz Martinetti, quien, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, hizo certificar su firma por un escribano de Gualeguaychú. Pocos meses después siguieron los cambios, porque Petazzi cedió su parte a Claude Christian Staicos. Quedó como gerente a distancia Martinetti, lo que no obstó a que cediera una parte de su capital a Staicos. Sobisch seguía en el gobierno.

En agosto del 2008, ya con Sapag en el poder, Martinetti desapareció de la sociedad. En su lugar, junto a Staicos -que asumió la conducción- apareció Adrián Adolfo Riquelme.

Pero esta composición de la sociedad duró apenas tres meses, porque en octubre del mismo año Staicos y Riquelme vendieron a López Rigano y Claudia Soledad Campos, él contador y ella empleada, ninguno de ambos periodista.

Quizás lo más interesante de esta historia sea que tanto Staicos como Petazzi fueron fundadores de la agrupación Nueva Generación, integrada por jóvenes admiradores del ahora ex gobernador. Staicos estuvo entre quienes vivaron a Sobisch cuando éste debió cumplir con la desagradable obligación de presentarse ante un tribunal penal. De Petazzi se sabe que colabora en el club Independiente con Gastón Sobisch, presidente de la institución. De López Rigano y Campos no sabemos nada.

JORGE GADANO
jagadano@yahoo.com.ar