A diferencia de nuestro gobierno, los de países como Estados Unidos, el Japón y los integrantes de la Unión Europea siempre defienden los intereses en otras partes del mundo de sus compatriotas empresarios, de suerte que fue previsible que los diplomáticos norteamericanos manifestaran su inquietud por los problemas enfrentados por Kraft. Además de sentirse obligados a respaldar a una empresa de capitales estadounidenses que según parece no ha violado ninguna ley, los funcionarios de la embajada norteamericana entienden que está en juego el prestigio de su país que, es innecesario decirlo, se vería perjudicado si los trabajadores que están en huelga optaran por asumir una postura agresivamente nacionalista, transformando un enfrentamiento laboral más en otro capítulo de la lucha contra "el imperialismo yanqui". Es posible que algunos funcionarios del gobierno kirchnerista quieran que esto ocurra por suponer que serviría para desviar la atención de su propia incapacidad para resolver el problema y, en algunos casos, porque creen que para "profundizar el modelo" hay que ahuyentar a aquellos empresarios extranjeros que se resisten a atenerse a los códigos políticos locales, de ahí las fuertes presiones oficiales para que Kraft reincorpore a los cinco delegados de la comisión interna responsable del conflicto y la decisión del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de suspender la reunión que estaba programada con la nueva embajadora estadounidense, Vilma Socorro Martínez. De ser así, se trataría de una nueva manifestación de la miopía que es tan característica de la gestión kirchnerista, que siempre ha privilegiado el corto plazo por encima del mediano y que nunca se ha preocupado por el largo.

Los norteamericanos no son los únicos con buenos motivos para esperar que pronto se alcance "una solución duradera" para el conflicto rencoroso que se ha desatado. También los tiene el gobierno, ya que las medidas tomadas por los trabajadores despedidos y sus simpatizantes han contribuido a crear un clima de agitación que, de intensificarse, podría provocar una situación inmanejable que por cierto no ayudaría a la presidenta y su marido a recuperarse del revés que sufrieran en las elecciones legislativas. Parecería que son plenamente conscientes de esta realidad, ya que el jueves pasado Cristina Fernández de Kirchner sorprendió a muchos al pedir que se terminara con los cortes de ruta y que, según el ministro de Trabajo Carlos Tomada, "hay algo detrás" de lo que está sucediendo, lo que fue su forma de decir que el gobierno teme que agrupaciones de la izquierda extrema, piqueteros no oficialistas y los sindicalistas de la siempre combativa Central de Trabajadores Argentinos (CTA) estén aprovechando la oportunidad brindada por el conflicto protagonizado por Kraft para sembrar el caos en la capital federal y partes del Gran Buenos Aires. Sin embargo, a juzgar por la actitud asumida tanto por el gobierno nacional como por el de la provincia de Buenos Aires, los Kirchner se sienten tentados a procurar apaciguar a quienes "están detrás" de la ola de agitación sancionando a la empresa, lo que dadas las circunstancias sería peligroso ya que lo más probable sería que los activistas reaccionaran radicalizándose todavía más.

De todos modos, no le convendría en absoluto al país que los directivos de Kraft, hartos de un conflicto que ha adquirido connotaciones políticas que alejan la posibilidad de alcanzar una solución que sea mutuamente aceptable, decidieran irse a otra parte. Aunque parecería que la fuga de capitales ya no es tan vertiginosa como en la primera mitad del año actual, nuestro país sigue siendo incapaz de atraer las inversiones productivas que necesitará para que una vez superada la recesión pueda emprender un período prolongado de crecimiento sustentable. Mientras que vecinos como Chile, Brasil y Uruguay se han visto beneficiados por la voluntad de los inversores de los países ricos de arriesgarse apostando a los mercados "emergentes", gracias a la arbitrariedad notoria del gobierno kirchnerista nos vemos autoexcluidos de la competencia así supuesta, razón por la que, conforme a las calificadoras de riesgo más influyentes, la Argentina tardará más que el resto de la región en salir de la recesión.