NEUQUÉN (AN).- El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) le concedió la entrega y administración de medicamentos oncológicos a un solo laboratorio, que en los próximos dos años recaudará 16.634.880 pesos.

El contrato, al que accedió mediante una licitación pública de la que participó un único oferente, quedó en manos e la firma San Agustín SRL, que también tendrá a su cargo la provisión de un banco de datos y estadísticas de seguimiento de la población de afiliados.

A los consejeros del ISSN por los trabajadores, les llama la atención el salto cuantitavio en el gasto en este rubro. De invertir unos 3 millones de pesos por año, la obra social que cuenta con 192000 afiliados pasará a poco más de 8 millones.

Además, en una nota que emitieron, sostienen que se trata de la "tercerización" de un servicio que la obra social ya ofrece a sus afiliados. Y que acaso, para mejorar la provisión y seguimiento del suministro de las drogas a los afiliados, habría que introducir "un comité auditor," para así propiciar un gasto "infinitamente menor" al que se está realizando con la licitación.

Como viene sucediendo desde hace una quincena, tampoco ayer fue posible hablar Marcelo Berenguer, el administrador del ISSN designado por el gobernador Jorge Sapag.

No es el único tema polémico que impacta sobre la obra social durante el último mes. La Fiscalía de Delitos Contra la Administración Pública le requirió información para determinar si cerró convenios con las empresas Farmaline y Urbana SA, seguidas bajo la lupa por el juez Norberto Oyarbide, en el contexto del escándalo nacional por los medicamentos adulterados.

Los consejeros representantes de ATE, ATEN y Sejun tienen comprobantes de compra que darían cuenta de las compras a estos dos últimos laboratorios. Hasta ahora ninguna autoridad el ISSN salió a dar explicaciones sobre el tema, para desmentir o confirmar las compras.

En medio de su ofensiva judicial, ayer el consejero por los trabajadores, Ariel Tarifeño, informó que el sector que integra también se constituirá como querellante en el expediente judicial que indaga en el vínculo entre una financiera y la obra social de la provincia.

Según planteó, la entidad crediticia se serviría de la estructura y base de datos del Instituto para otorgar préstamos al personal de hasta 3000 pesos. "Pero los da con una tasa superior al 60% anual", dijo. Y añadió que es una causa que motivó la intervención "de oficio de la Justicia" y en la que "ahora nosotros vamos a ser parte para ofrecer nueva prueba".